La ley 100 de 1993 prometió ser la solución a los graves problemas del sistema de salud colombiano que hasta entonces no lograba mayor cobertura, padecía graves problemas de corrupción, bajo desarrollo tecnocientífico, entre otros, que vulneraban el derecho a la salud.
La muy anunciada reforma a la salud nos cayó como un baldado de agua fría. La ministra Corcho no solo dijo una cosa para hacer otra con las EPS, sino que también hizo oídos sordos de las opiniones de sus compañeros de gabinete como la ministra de Agricultura -exgerente del desaparecido ISS- y el de Educación –exminsalud- quienes expresaron públicamente que nada de lo que manifestaron al interior del gobierno fue tenido en cuenta.
El Plan Nacional de Desarrollo de Petro será la demolición de las instituciones de Colombia. Con 300 artículos buscarán imponer reformas estructurales a todo el Estado. Al presidente se le darán 13 facultades extraordinarias que incluyen crear, suprimir y modificar cualquier entidad pública de la rama ejecutiva, capitalizar empresas, modificar fondos y patrimonios autónomos, regular la política de usos alternativos de sustancias psicoactivas incluyendo la coca, y hasta reformar y/o acabar los programas de Familias y Jóvenes en Acción. Todas estas decisiones a dedo del presidente; sin necesidad de pasar por el Congreso.
Causó revuelo una decisión de tutela que dictó el juez Primero Laboral del Circuito de Cartagena porque para lograr la conclusión del fallo, se utilizó la herramienta de inteligencia artificial Chat GPT. Se escucharon voces a favor y otras en contra. Las primeras aludían a la permisión legal del uso de las TIC en la administración de justicia y a su utilidad; las segundas apelaban al romanticismo del juez humano que rehúsa ser desplazado por las máquinas.
Hoy, en el Congreso de la República, el Gobierno de Gustavo Petro radicó uno de los proyectos de ley más controvertidos en lo que va de 2023. La reforma a la salud genera temor a los dueños y empresarios de las Empresas prestadoras de salud (EPS), pero genera grandes expectativas de cambio en la población colombiana.
Los anuncios parroquiales de quién hoy se considera el jefe político del Tolima, a través de unas columnas carentes de contexto, reflexión y autocrítica, lo han llevado a cometer sendas imprecisiones con el fin de desubicar al lector desprevenido acerca de las raíces históricas de los sucesos que hoy marcan los contextos políticos y sociales de nuestro Departamento.
Esta semana, el país conoció el vergonzoso episodio protagonizado por el hijo de ‘la Gata’, Jorge Luis López; suceso que no sorprendió puesto que, en el país del realismo mágico, qué más se puede esperar. Cualquier parecido con lo que pasó con Jesús Santrich, es mera coincidencia.
El alto número de feminicidios en el país ha vuelto a poner en primera plana la violencia extrema que sufren las mujeres. Sin embargo, con frecuencia se juzga y culpa más a las mujeres que a sus agresores.
En esta década los mayores productores de petróleo del mundo le apuntan al crecimiento. El reto de descarbonizar es paralelo y complementario a la estrategia de crecimiento.
El 14 de junio de 2012, Daniel García Peña presentó su renuncia irrevocable al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pese a ser su más fiel amigo y compañero de lucha.
