A discreción

A osadías de esta laya no escapa nuestro flamante presidente, que comenzó anunciando su negativa a continuar con las fumigaciones de cultivos ilícitos, en las que sumamos conjunta e infructuosamente, con los Estados Unidos, inversiones por US$10.000 millones en 22 años. Lo anterior en el marco de su planteamiento de conseguir la Paz Total, “para que Colombia se convierta en una potencia mundial de la vida”. 

Pues bien, lo que parecía ser un simple lema de campaña nos muestra hoy su verdadero rostro: “Que el éxito no estribe en el número de muertos, sino en las vidas protegidas, las masacres impedidas, el amparo de libertades y derechos de las personas”, dijo posesionando a la nueva cúpula militar. Difícil no estar de acuerdo con que la fuerza pública cumpla su misión constitucional. No obstante, luego conocimos su intención de no volver a extraditar connacionales y la orden de suspender operativos militares que pudieran afectar menores de edad, declarando, de facto, un cese unilateral del fuego por parte del Estado. 

Otra indeseada consecuencia de sus loables intenciones sería el desbocado reclutamiento de menores indígenas, afros y campesinos, quienes además de ser inimputables ante la justicia serían el escudo perfecto para impedir la represión armada de las fuerzas del orden. Un inopinado incentivo para que las bandas sigan secuestrando muchachos para obligarlos a “trabajar” en campamentos, laboratorios y minería ilegal, reproduciendo lo que la Comisión de la Verdad calificó como esclavitud sexual y laboral. 

Presión que se sentirá tanto en el campo como en ciudades donde les plazca conformar primeras líneas de microtráfico, fleteo y extorsión. Recordemos que Pablo Escobar escogía a sus sicarios entre adolescentes que se sentían “dueños del mundo” con un par de zapatillas Adidas, una moto y una metralleta.

El Comisionado de Paz acaba de exhortar al Clan del Golfo, Caparros y Oficina de Envigado a que pasen “de las palabras a los hechos”, limitándose a designar negociadores. La oferta arranca con apenas cinco años de reclusión en celdas como las de Tommy Masacre, jefe de extorsionistas y sicarios contra los transportadores de Barranquilla, o las de Emilio Tapia y Carlos Mattos, que no fueron del agrado de Aída Merlano ni de alias ‘Matamba’. 

Y para completar, se conoce el texto de un proyecto de ley que suspendería órdenes de captura y extradición a quienes negocien la paz (incluidos capos de la extorsión y el narcotráfico), autoriza a los alcaldes a participar en diálogos regionales y a firmar acuerdos parciales con dichas bandas armadas. 

Mueren las exenciones tributarias, pero florecen las penales, como “política de Estado de la paz”.  Obviamente, la defensa de la sociedad civil quedará a cargo del Chapulín Colorado.