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Una de las fuentes es la contratación pública. Hay verdaderos ‘carteles’ de contratistas que aportan el billete para elegir a un ‘jefe’ político, que asume el compromiso de devolverles la ‘inversión’, yo te doy, tú me devuelves. Para que se hagan a una idea, recuerden a Odebrecht, una multinacional del crimen, que tiene en su palmarés haber sobornado a varios presidentes latinoamericanos, fiscales y políticos de todos los pelambres. Ahora bien, no crean que esto es un fenómeno exclusivo del estado nacional. Existen muchos carteles y cartelitos que controlan la contratación en departamentos y municipios, en donde hay verdaderas asociaciones para delinquir. Tienen dinero para comprar votos, como se probó con el caso de la exsenadora Aida Merlano; para comprar funcionarios de la Registraduría Nacional y en el Consejo Nacional Electoral, tal como quedó en evidencia en 2014 con el fraude al partido Mira, al cual le desaparecieron miles de votos, según lo reconoció el Consejo de Estado. Plata para aprovecharse de la necesidad de las personas que más necesitan.
Esta forma de hacer política desnaturaliza casi por completo y falsea la democracia. De allí la pérdida de confianza en las instituciones y partidos, buena parte de la ciudadanía percibe este ritual como una farsa y se abstiene de participar. El actual sistema electoral es la fuente de la corrupción pública, ahí empieza todo, y mientras no se cambie la batalla por un Estado libre de corrupción será una utopía. El sistema es corrupto y corruptor. Los políticos se han asegurado de no tener competencia. Como lo subrayé en mi anterior columna, Noticia de un secuestro, han secuestrado la política y la han vaciado de contenido. Los ciudadanos tienen que pedirles permiso para participar electoralmente, con lo cual se anula el derecho a ser elegido consagrado en la constitución. Hay una reforma al código electoral que establece que los candidatos sólo pueden solicitar aval en las organizaciones políticas donde se encuentren formalmente registrados como militantes durante los tres meses anteriores a la inscripción. ¡Qué tal! Es una afrenta contra la ciudadanía y vulnera la autonomía organizativa de los propios partidos, no les da derecho a escoger personas ajenas a la actividad proselitista. El sistema político está bloqueado, no hay como adelantar las reformas que necesita el país, lo cual es explosivo, pues es casi una invitación a las vías de hecho.
Otro aspecto poco estudiado es la participación de los grandes conglomerados económicos, los cuales interfieren y desequilibran las campañas. Son dueños de los principales medios de comunicación, que hoy no informan sino que desinforman y editorializan. Los grupos pagan asesores y ejecutivos a los que meten en las campañas, con eso se aseguran ‘lealtad’ en el gobierno. La concepción de Lincoln, la democracia como el gobierno del pueblo y para el pueblo, es una ficción. Toda esta amalgama de intereses oscuros tiene la gasolina para las campañas. Ahora sí saben, ¿de dónde sale la plata
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