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El hecho no tiene antecedentes. Es la primera vez que un expresidente de la República en Colombia es llevado a juicio por delitos comunes, presuntamente cometidos fuera de su cargo. El único juicio contra un expresidente, por delitos derivados de su cargo, ha sido el de Gustavo Rojas Pinilla, acusado de abuso de autoridad, ordenar la devolución de 180 cabezas de ganado decomisadas al administrador de la Aduana de Cali; por indignidad por mala conducta, al influir sobre el gerente de la Caja Agraria para la aprobación de préstamos a unos colonos que adquirieron una finca suya; y por la liberación indebida de los convictos León María Lozano (el ‘Cóndor’ en el Valle del Cauca), el jefe de los llamado ‘pájaros’, Harold Forbes, Uliv Livingston y Francis P. Watson. En este último delito hubo prescripción de términos y ausencia de material probatorio.
En el caso de Uribe, podría suceder igual, prescripción de términos. Es altamente improbable que antes de octubre del año entrante haya sentencia condenatoria de segunda instancia, si es que se le encuentra culpable. Así, desde una perspectiva jurídica y de un eventual castigo, el caso carece de interés, pues las posibilidades de que vaya a la cárcel son bajísimas. Desde la perspectiva política, en cambio, el juicio va a influir mucho en el debate nacional, de hecho ya lo está haciendo. Uribe es el jefe de un partido con importante representación en el Congreso. Ya la oposición ha dicho que este llamamiento prueba la interferencia de Petro y de la nueva Fiscal general, Luz Adriana Camargo, lo cual no es cierto.
El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal, quien lo acusa por soborno en actuación penal y fraude procesal, fue designado por el anterior Fiscal. Uribe utilizará este juicio para victimizarse y la oposición para machacar al Presidente y decir que estamos en una dictadura que persigue a sus contradictores.
Lo que en realidad deberíamos debatir es sobre la crisis de la Justicia. No está bien que los delitos prescriban, y muchísimo menos que se politice, para un lado o para otro. Se requiere que esta sea recta e imparcial, para devolverle credibilidad y majestad. Reitero lo dicho en otras oportunidades, la mayoría de colombianos cree que es solo para los de ruana, y eso es nefasto. De alguna manera, esa creencia, y su comprobación en la práctica, ha hecho que pierda su poder disuasivo. Nadie que tenga poder político o económico le teme, porque nadie paga un solo día de cárcel. Los casos que la contradicen, las excepciones, se desacreditan por aparentes o reales motivos de politización. Un altísimo porcentaje de la población descree totalmente de la justicia. Es una reina de burlas. El vencimiento de términos es la regla, no la excepción.
Es muy importante que Uribe tenga todas las garantías procesales, y ojalá con observadores internacionales. Necesitamos una sentencia, cualquiera sea el sentido, de inocencia o culpabilidad, que todos respetemos y creamos. Este es el desafío. Así de simple. Hacer que este juicio carezca de intereses políticos. Necesitamos que haya ‘luz y taquígrafos’, para utilizar una expresión castellana. Transparencia e imparcialidad. Que brille la justicia, y que sepamos si es culpable o inocente de lo que se le acusa.
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