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El cuestionado proyecto fue disfrazado bajo el argumento de reducir el gasto público en las elecciones buscando unificarlas en una misma fecha. Elegimos mal una junta comunal de un barrio, imagínense el enredo que sería una jornada electoral votando al mismo tiempo por ediles, concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, representantes a la cámara, senadores y presidente de la República.
Si la idea es reducir el gasto público, lo lógico es promover una reforma política que disminuya el número de curules en el congreso, asambleas y consejos, reduzca a la mitad los salarios de los congresistas, circunscriba la elección popular de alcaldes a ciudades capitales (los demás que sean nombrados por méritos), elimine el inoperante Consejo Nacional Electoral y establezca un monto límite de presupuesto de financiación de campañas por parte del Estado.
Al articulado de esta disparatada idea -que por fortuna no alcanzó a ser radicada en el congreso-, le colgaron un orangután en un artículo que permitiría a todos los alcaldes y gobernadores reelegirse en el 2024, y aspirar a la presidencia de la República, sin el requisito de renunciar un año antes a su cargo. Para completar el combo McDonald, incluyeron una propuesta de aumentarle de 4 a 5 el periodo al fiscal, procurador, contralor y defensor del pueblo, y de 8 a 10 a los magistrados de las Altas Cortes. Llevamos diez años esperando una reforma estructural a la cuestionada justicia y al proceso de elección de los órganos de control para desligarlos de la política y salen con esta disparatada iniciativa legislativa.
Ahí están las consecuencias de la débil e inestable Constitución Política del 91. Desde su aprobación ha sido reformada en más de 40 ocasiones, sin contar los Actos Legislativos que han sido rechazados por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento. El paquete de reformas constitucionales que presentó el gobierno de Juan Manuel Santos, la terminó de escoñetar y la mandó a cuidados intensivos. Algo totalmente asombroso, teniendo en cuenta que sólo han pasado 30 años desde su promulgación.
No hay que negar que, ciertas reformas constitucionales son necesarias al funcionamiento del Estado, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales del país, son diferentes a las encontradas por los 70 delegatarios de la Asamblea Constituyente de 91. Pero también hay que llamar la atención sobre la necesidad de replantear el reformismo constitucional para que los colombianos no sigamos frente a un orden político inestable y lleno de incertidumbre.
En el tintero: Hablando de inestabilidad jurídica, los pequeños y medianos ganaderos del país, andan bastante disgustados con los cambios mediáticos en la política pública de comercio exterior y exceso de tramitología en la movilización de bovinos. En vez de empujar, atajan.
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