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Obviamente la pandemia del coronavirus potenció la situación, pero siendo justos, el desempleo de la ciudad fue uno de los temas centrales de la campaña a la Alcaldía, por lo que se espera que el problema sea resuelto.
Antes del shock económico del primer trimestre de 2020 resolver el problema implicaba saber leer los mensajes del mercado y enviar las señales adecuadas desde el gobierno, ahora, como resultado de la pandemia, y en medio de una crisis que tendrá efectos en el semestre B y en parte del 2021, el gobierno está obligado a usar la política fiscal para la reactivación, eso sí, guardando las facturas, porque el gasto público proveniente del endeudamiento tendrá que pagarse.
Tal vez los alcaldes y el Gobernador no quieran escuchar esto, pero hay que decirlo, atrás quedaron la prioridad de muchas de sus propuestas y proyectos, inclusive, me atrevo a decir, que además de verse obligados a reconfigurar sus planes de desarrollo, como lo indicó el Procurador General, también deberán revisar la forma de cómo atender la gestión de las entidades territoriales.
Es justo decir que el actual diseño de responsabilidades y recursos no les brindan muchas oportunidades. La gran mayoría de los recursos del municipio y del departamento tienen una destinación específica y los de libre destinación están comprometidos con la deuda y el gasto de funcionamiento. Así las cosas, el margen de maniobrabilidad de las finanzas para impulsar programas de empleo y reactivación económica es muy limitado. Una posibilidad de financiamiento que tiene la Administración es la de usar vigencias futuras ordinarias, y es claro que se justifica el uso de vigencias futuras excepcionales.
Para el caso de Ibagué, el Alcalde se verá obligado a replantear las prioridades del gasto si quiere impulsar una reactivación importante en el corto plazo. Los 10 mil 187 millones de pesos dejados en el presupuesto plurianual de inversiones para reactivación económica no son suficientes. Inclusive, la destinación de los recursos del crédito debería replantearse para financiar un plan de empleo. Un plan de choque para crear empleo podría basarse en la construcción de obras públicas y vivienda. Construir obras que requieran contratar muchos trabajadores, proyectos que tengan un alto potencial multiplicador del consumo, y que además cumplan un objeto social frente a la desigualdad y la pobreza.
La construcción de vivienda financiada con recursos del municipio también puede cumplir con esos fines. Además, se necesita un gran acuerdo con los propietarios de tierra urbanizable y constructores para reestablecer el dinamismo de una actividad que ha perdido fuerza.
Un tema sobre el que hay que trabajar rápido es el de ejecución de obras con financiamiento nacional anunciado, escenarios deportivos y sistema de transporte público.
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