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¿Qué pretende esta iniciativa? Busca hacer un ajuste en la Constitución de Colombia para que las empresas y personas naturales tributen de forma directa a los departamentos en los que tienen su residencia, de modo que la llegada de esos recursos no dependa de forma exclusiva de las transferencias de la Nación. Aspira que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos, con lo cual, por lo menos, se duplique lo que hoy reciben vía Sistema General de Participaciones (SGP). Busca establecer un ingreso protegido de titularidad exclusiva de los departamentos y del Distrito de Bogotá, introduciendo un inciso y un parágrafo al artículo 298 que diga que solo los departamentos podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan.
¿Quién está al frente de ejecutar la iniciativa? Existe un comité promotor y un equipo coordinador.
En el grupo promotor de este proyecto se encuentran personalidades como el exministro ibaguereño Carlos Gustavo Cano, el concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, la jefa de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda Ana Lucia Villa, la ex senadora María Rosario Guerra, entre otros. Todos ellas, autoridades en el tema fiscal colombiano.
La tarea del equipo es recolectar, antes de la última semana de diciembre de este año 2024, las firmas suficientes para sacar adelante la iniciativa. Las firmas se empezarán a recoger desde la primera semana de agosto. La meta es recolectar por lo menos 4 millones de firmas de los ciudadanos y validar por lo menos 2 millones. Después se deberán surtir trámites en el Congreso de la República y revisión en la Corte Constitucional. Posteriormente, si estos pasos salen bien, se podrá convocar a una votación ciudadana en la que podrán participar todas las personas inscritas en el censo electoral. Para que la decisión del pueblo en un referendo sea de obligatorio cumplimiento, debe participar por lo menos el 25% de los ciudadanos que componen dicho censo.
La proposición aprobada y que estará en los formularios es la siguiente: “Se precisa que los impuestos sobre la renta y el patrimonio dejarán de ser impuestos nacionales y pasarán a ser departamentales y del Distrito Capital por mandato constitucional, por lo que los recursos que se deriven de su recaudo serán de propiedad de los Departamentos y el Distrito Capital de forma conjunta. Su distribución se hará atendiendo, entre otros principios, a los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia, lo que garantiza el carácter redistributivo y equitativo de dicho ingreso. Finalmente, el referendo se constituye como la única opción viable para llevar a cabo el cambio constitucional propuesto atendiendo a la existencia de un déficit de representatividad regional en las instancias nacionales y la falta de incentivos políticos y económicos en el Gobierno Nacional para profundizar la descentralización fiscal en favor de los departamentos”.
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