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Las bondades del proyecto en cuanto a la descentralización son evidentes, desde las regiones aplaudimos este paso en el camino de la autonomía regional, sin embargo, no se puede pasar por alto las advertencias de diferentes entidades y organizaciones sobre el futuro de las finanzas públicas nacionales. El Congreso y el Ministerio de Hacienda deben establecer con mucha claridad la ruta a seguir para no caer en los problemas advertidos. El ministro Ricardo Bonilla es consciente sobre la necesidad en hacerle una gran cantidad de modificaciones para incluir más competencias para las regiones.
El Banco de la república afirma que desde una perspectiva fiscal y suponiendo que no hay un ajuste en el gasto del gobierno nacional originado en la reasignación de competencias, el aumento progresivo de los recursos por SGP tendría un impacto significativo sobre las finanzas públicas, llevando el déficit fiscal al 4,7% del PIB y la deuda neta al 64,6% del PIB en 2038, lo que contrasta con las estimaciones en un escenario sin reforma donde el déficit y la deuda se situaría en 2,8% y 54,9% del PIB, respectivamente.
Si bien el proyecto pretende fortalecer la descentralización y otorgar mayor autonomía a las regiones en el manejo de los recursos, plantea desafíos fiscales para el cumplimiento de las metas cuantitativas de la regla fiscal y el manejo de la deuda pública. En un contexto macroeconómico, la reforma al SGP podría tener consecuencias sobre el comportamiento de otras variables como la prima de riesgo, la tasa de cambio y la actividad económica.
El comité autónomo de la regla fiscal también advirtió que esta propuesta generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Nacional Central. La redistribución de las competencias hacia las entidades territoriales que acompañe el aumento de las transferencias, se deja para definir en una ley posterior. Además, el proyecto no contempla las capacidades territoriales que se requieren para ejecutar los mayores recursos ni las necesidades de financiación de los sectores. Tampoco considera las fuentes adicionales al SGP que concurren en la financiación de los sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico. El actual modelo protege el financiamiento territorial ante caídas del recaudo nacional, la reforma propuesta eliminaría esta protección.
Expertos en el tema afirman que la reforma al SGP descentraliza mal y llevará a una contrarreforma pronto, poner como eje el dinero, y no el fortalecimiento de los gobiernos locales, hace prever un mal resultado.
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