Ese es un inmenso poder económico que, estando bajo la tutela de una dirigencia que ha jugado un papel tan nefasto durante más de 50 años de violencia, debería hacernos reflexionar acerca del juego de poderes y de su distribución en nuestro país.

Semejante declaración fue seguida por una aclaración de parte de César Jerez, líder del Catatumbo, en el sentido de que 480 mil de esos ganaderos solo tienen entre una y tres cabezas de ganado (menos de un millón en total), mientras que los restantes 20 mil monopolizan las 21 millones de cabezas restantes. ¿A quién representa, entonces, el señor Lafaurie? Formalmente a los 500 mil ganaderos, la mayoría de los cuales ingenuamente ven en él al defensor de sus intereses, cuando realmente representa a los 20 mil que hoy se sienten amenazados por algunas iniciativas de La Habana que aún están pendientes de acuerdo, como la que demanda el respeto a la Ley 160 de 1994, reguladora de las Zonas de Reserva Campesina.

El señor Lafaurie sabe lo profundamente ligados que han estado los problemas de la tierra y de la violencia; y que hasta tanto no se resuelva la peor manifestación del primero de ellos, el latifundismo, generalmente acompañado del insaciable deseo de más tierras, siempre subsistirá la posibilidad de nuevas violencias en Colombia.

Las Zonas de Reserva Campesina no representan esa solución radical que todos quisiéramos. Sin embargo, sí señalan un camino que podría ser atenuante de los problemas de miles de campesinos que, acorralados por una institucionalidad impuesta al Estado por terratenientes, latifundistas y transnacionales gestoras de megaproyectos agroindustriales, mineros y energéticos, jamás han podido disfrutar de ningún derecho, pues hasta el derecho a la paz y a la vida les ha sido negado.

Las protestas del Catatumbo seguramente nunca se habrían presentado si tan solo el Gobierno, reconociéndole a la población su carácter de constituyente primario y aceptándole que ha cumplido rigurosamente con los requisitos de la Ley 160, le hubiera reconocido la condición de Zona de Reserva Campesina al territorio en que se asienta. Lamentablemente, como lo demuestra lo que pretende hacer con la consulta de Piedras, ha creído que su voluntad está por encima de la de las comunidades. El paro del 19 de agosto es el instrumento apropiado para sacarlo del error.