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Dicha tendencia la corrobora la conducta asumida por múltiples comunidades locales del orbe entre las que se destaca Ucrania al manifestar colectivamente su vehemente y justa aspiración de superar su condición de estado nacional, para ingresar a la comunidad europea, rompiendo con el viejo esquema de dependencia de Rusia con el que ésta aspira a continuar manteniéndola en estado de aislamiento económico y cultural.
Palestina, Taiwán, Corea del Norte junto con Kosovo que no es reconocida por Serbia, Rusia, China, España y la mayor parte de los países de América, Asia y África, son ejemplos por antonomasia de dicha circunstancia, así como la que ha pretendido promover Cataluña, -primera economía de España-, al convocar a sus ciudadanos con el fin de que estos decidan su total autonomía con una amplia visión que comprende no solo la denominada Cataluña del Norte en los Pirineos Orientales (antiguos territorios catalanes cedidos por España a Francia en el tratado de los Pirineos del siglo XVII) sino a otros territorios que anexos al que actualmente ocupa, configurarían un gran estado independiente y autónomo, esto como una obligada consecuencia del imperio centralista que ha venido ejerciendo Madrid en desmedro de la cultura y valores de aquella.
Circunstancias que debe mover a reflexión sobre nuestro país para ver de operar un cambio radical en la manera como en él se están tomando las decisiones que afectan tanto lo regional como lo local, concentrando el poder político y las competencias administrativas en los órganos del Estado con sede en Bogotá, como la presión que con claros visos de dictatorial chantaje, recientemente el Presidente Petro y uno de sus Ministros, han querido hacer sobre la autonomía administrativa de la capital para determinar las características de su Metro, bajo la amenaza de restringir y/o negar los aportes del presupuesto nacional a sus prioritarias obras.
En contravía de las corrientes descentralizadoras, que como se dijo, recorren la geografía universal a lomo de un pensamiento que predica el privilegio de lo local por sobre lo nacional; de la Ley y del espíritu de la Constitución Política del 91 entre nosotros en la que sus redactores pretendieron encontrar el punto de equilibrio dentro de la diversidad del país que sustituyera la rígida concepción concentradora de la Carta del 86 que nos gobernó por más de una centuria, y llevándose de calle al mandato del inciso 3° del artículo 360 de la Carta Fundamental, tendiendo a tornar inocuo el nuevo pensamiento político que con miras a lograr la satisfacción de las verdaderas necesidades locales por sobre el omnímodo poder de la capital procuró para Colombia la prevalencia de la capacidad decisoria de los departamentos y municipios.
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