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La tardanza y la falta de agilidad de la Registraduría en el manejo técnico de los mecanismos de elección y la improvidencia de la ley electoral, a lo cual deben añadirse la simultaneidad de los comicios y su alto costo.
¿Podría de esta forma esperarse que el elector llegue a creer en la limpieza y transparencia de un proceso tal y a aceptar sin reticencias los diez mil y más candidatos a elegir, así como el valor democrático de las instituciones que en esta forma se construyen?.
Porque dichas circunstancias deslegitiman y en grado sumo, como se advierte en la actitud del electorado frente al espurio origen de una parte sustancial tanto del Congreso, Asambleas y Consejos, como de numerosos Alcaldes y de algunos Gobernadores, el cual ha sido suficientemente corroborado y sobre el cual el país se ha pronunciado abundantemente, habiendo incluso quienes han llegado a cuestionar la validez de la elección presidencial por los dineros que intervinieron en ella.
Así como las de unas leyes expedidas por un órgano Legislativo conformado por gentes que han tenido el concurso de las varias formas de fraude ya consagradas, como la suplantación de electores, el trasteo de votos de una región a otra, la alteración de los formularios electorales y aún la del propio escrutinio.
Puesto que no debe olvidarse que el camino de la paz pasa por el sistema electoral, en tanto en cuanto su limpieza y diafanidad le imprimen fortaleza y credibilidad al régimen político imperante, restándole en la misma medida fuerza a los argumentos de sus detractores, pues un país cuya democracia se debate entre tantos problemas, requiere para superarlos altas dosis de confianza y buena fe ente sus asociados.
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