Sin hacer dictámenes profundos respecto a los posibles mecanismos que garanticen el derecho fundamental al acceso de la administración de justicia, por su esencia y especificidad y el tiempo que un estudio serio demandaría, quiero plasmar una pequeña reflexión muy personal, sin hacer cuestionamientos o generar escollos por cuanto soy consciente de los ingentes esfuerzos que la Rama Judicial implementa para procurar ser pronto y debido el servicio que presta.

Definitivamente cuando una persona subsiste por varias décadas la historia de Colombia y con ella la historia de la prestación del servicio de la Administración de Justicia, no puede abstenerse de desencajar una mueca de dolor o de frustración de ver que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con todo su andamiaje logístico y de posibilidad de inversión, tenga a la justicia misma rezagada frente a los avances tecnológicos y los nuevos conceptos de humanización que demanda una atención con dignidad.

Si bien es cierto, encontramos numerosos estudios frente a las principales jurisdicciones del sistema judicial: la ordinaria, la constitucional, la contencioso-administrativa, tendientes a justificar la necesidad, conveniencia y efectividad, de cada una de ellas; así mismo, encontramos tratados completos que respaldaron en su momento el cambio del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio; pero en ese escenario de letrado conocimiento no se han conciliado fórmulas mínimas para que esa misma Administración de Justicia deje de ser deficiente, deje de atiborrarse, deje de ser inculta ante la atención al ciudadano.

Pese entonces a los cambios de Constitución, a la redefinición y creación de nuevas cortes, al cambio del sistema penal y al balón de la justicia que rueda de dependencia en dependencia, entre juzgados de conciliación, ordinarios y juzgados descongestión, necesitamos algo mucho más sencillo, mas real, mas posible, más plausible: como es una atención rápida, eficaz, predecible y plausible para el usuario de la justicia.

¿Qué hacer entonces?

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura es la única llamada a actuar al respecto: debe proveer lo necesario para modernizar la prestación del servicio de la justicia; garantizar en forma amplia un acceso a la justicia, sin que ningún usuario se vea avocado a filas interminables y frustrantes condiciones de atención. Para ello debe:

Brindar, por el sistema de páginas web en sitios como consultorios jurídicos carcelarios, consultorios universitarios y en sitios considerados estratégicos, posibilidades para que el ciudadano de cualquier parte del país pueda hacer solicitudes o peticiones ante las autoridades de la Administración de Justicia y reciba oportuna respuesta, sin necesidad de acudir en forma personal y directa a los despachos y oficinas de la administración de justicia. 

Generar compromisos con las universidades en aras de mejorar la formación y capacitación humana de jueces y fiscales.

Proveer una sistematización tecnológica moderna, a nivel nacional, donde todos los municipios de Colombia se encuentren integrados con la Administración de Justicia, donde se pueda en forma inmediata acceder a la información del servicio, presentar peticiones, y recibir respuestas a estas.

Abrir una página WEB con exclusividad únicamente para los abogados en ejercicio donde el abogado podrá acceder mediante un código personal y un chip en su tarjeta a sus propios asuntos profesionales, a recibir sus notificaciones y a enviar por este medio sus escritos, memoriales, peticiones, recursos: sin necesidad de recurrir a los despachos judiciales personalmente.

Lo anterior implica, a su vez 

Propiciar una cultura ciudadana para concientizarla sobre el cómo acceder al ejercicio de la justicia y garantizar una efectiva comunicación del usuario de la misma con el servidor público en general, buscando una identidad entre la gestión del servidor y el ciudadano; entendiendo que el ciudadano acude con el convencimiento de que su asunto va a hacer resuelto y que como tal tiene derecho a ser oído y recibir respuestas en forma oportuna y dentro de los términos legales.