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Y en eso nos la hemos pasado, cambiando los rótulos al nombre, pero sin llegar a la verdadera esencia de la discusión: cuándo, cómo y con qué llegará el Estado no solo con presencia en el territorio sino con soluciones. Con infraestructura vial, educativa, de salud, de servicios domiciliarios, ayudando en procesos asociativos y productivos en cada zona y garantizando la seguridad, sí la seguridad. Esa, en la cual al ciudadano del común, el pequeño comerciante, el agricultor, el ganadero, al cooperativista, el miembro de la junta de acción comunal, no lo maten, no lo roben, no lo secuestren, no lo extorsionen, no lo desplacen ni le quiten su derecho a transitar libremente o le monten “retenes” ilegales.
Ya la Alta Consejera de la ONU para Colombia lo dijo hace pocas semanas, estamos viviendo actualmente, en mayor o menor escala, en unos indicadores y con ciertos delitos, lo mismo que vivimos con el Gobierno Duque y los anteriores: Un Estado ausente en sus territorios, con buenos anuncios y propósitos pero poco efectivo en ejecutorias sociales y brindar seguridad. Lo cual es aprovechado por grupos al margen de la Ley, alzados en armas o miembros de carteles y el crimen organizado transnacional para ocupar esos territorios.
De eso se trata la verdadera discusión. Pero aquí, lo que hemos romantizado y normalizado es que se lleven a cabo diálogos secretos con grupos insurgentes y con sectores de mafias y narcotráfico con la lógica perversa de: no dejen de hacer nada, ni siquiera disimulen que ya no delinquen; mientras yo como Gobierno me quedo quieto, los veo actuar, me guardo el uso legítimo de la fuerza del Estado a través de sus Fuerzas Militares y policiales -casi inmovilizándolas en su accionar legal-, para que ustedes vean que soy generoso y se acojan a su gusto, bajo sus exigencias a mi oferta legal; porque si no lo hago así, como Estado, entonces ustedes siguen delinquiendo y no dejan de hacerlo porque no les entrego todo lo que quieren. El mundo al revés.
Claro, es cierto que el Estado históricamente no los derrotó, pero también es verdad que los repelió con contundencia, les mermó capacidades operativas y neutralizó su expansión en muchas zonas del país. El gran problema nuestro es que todavía queremos echarnos el cuento -que está demostrado que no es tan cierto del todo- de que “pobrecitos todos ellos” son el fruto delincuencial de un Estado totalmente sordo a sus necesidades, que no les ofreció alternativas distintas a las armas, la guerra, el dinero fácil del narcotráfico, la delincuencia y la subversión.
No. Por el contrario, creo que estamos entrando en un momento de verdad histórica nacional que requiere comprender que el Estado, sea el Gobierno administrador que fuere, debe mantener con firmeza el aparato reactivo de sus fuerzas legales militares y policiales, mientras continúa con una mayor avanzada de inversión social sobre zonas apartadas y no tan apartadas del país, lo cual permita sembrar buenas condiciones para mejorar la calidad de vida a sus habitantes en el corto y mediano plazo. El gran problema es que continuamos con la tara de soluciones cortoplacistas, rápidas y para arrancar aplausos de la tribuna y dejar contento a uno que otro lírico, que no ha sabido qué es darle un golpe al mundo para ganarse el pan con el sudor de la frente o que lo único que hace es pontificar desde el cómodo sillón de un escritorio o siendo prosaico en las páginas de un boletín, como si eso ayudara en algo a superar los problemas reales de violencia, inseguridad, ineficiencia o pobreza que carcomen a Colombia. Ya va siendo hora de que elevemos el nivel de ese debate y profundicemos en la argumentación sobre las causas, las consecuencias y las acciones que debemos emprender para lograr una Paz Total.
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