Si no es así, las instituciones pueden llegar a ser incluso legales (reguladas por la ley), pero ilegítimas. En parte, ésta es la historia del sistema electoral colombiano. Arropado siempre de legalidades, pero afectado por ilegitimidades debido a sus vicios recurrentes, como son la compra del voto o el constreñimiento ilegal.

Las elecciones de octubre constituyen una nueva prueba para nuestra democracia. Las autoridades de todo el Estado deben garantizar que los electores van a poder expresarse de forma libre para que las instituciones políticas regionales y locales sean totalmente legítimas, es decir, que reflejen el verdadero querer del pueblo. Hay que combatir la compra de votos en todas sus formas, desde la que se hace en forma vulgar y descarada con dinero o pagos en especie, hasta la sibilina y de cuello blanco a través del otorgamiento de contratos públicos, que se ha vuelto la norma. Esta es la única forma de evitar los famosos carruseles de la contratación, que es una de las principales fuentes de la corrupción política del sistema electoral. Tú me financias, yo te contrato. Es una total perversión del ideal democrático, una engañifa.

Por principio hay que sospechar de toda campaña que incurra en grandes gastos. No existe filantropía electoral, de alguna manera van a recuperar el dinero invertido. Por eso los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto gasta cada candidato y de qué forma se financia. Quién está detrás. Se requiere de total transparencia. Los libros contables de las campañas deben estar a disposición de las autoridades electorales, de los medios de comunicación y de los ciudadanos. Otro aspecto en el que hay que estar vigilantes es en el comportamiento de los mismos medios. La práctica de dar dinero a los periodistas para que abran los micrófonos o hablen bien de determinado candidato hay que combatirla con total severidad. Los candidatos a la Gobernación y a las alcaldías deberían firmar un acuerdo para combatir esa práctica, un pacto para no dar dinero a quienes malutilizan el noble oficio del periodismo para obtener dinero en las campañas.

Por otra parte, se requiere de absoluta neutralidad de parte de los gobernadores y los alcaldes. Para que la competencia sea justa y equilibrada es menester que no haya interferencia de los gobernantes. La Procuraduría debe estar especialmente alerta y presta a sancionar los acostumbrados abusos de poder, que en muchos casos son auténticos secretos a gritos. Igualmente, hay que hacer un esfuerzo para prevenir el clientelismo en el sector privado,  que es más sutil pero no menos perjudicial, porque igual distorsiona y altera la voluntad popular. Y finalmente, otro aspecto es garantizar que los grupos armados ilegales tampoco puedan interferir el proceso electoral. La experiencia de la llamada “para-política” es suficientemente ilustrativa como para que se repita. El derecho a elegir y a ser elegido es un derecho fundamental que hay que defender con celo, sin hacer ningún tipo de concesiones ni claudicaciones. Si los grupos alzados en armas quieren abrir un diálogo para alcanzar una salida negociada al conflicto, deben empezar por no interferir las elecciones, permitir la libre movilización y la libertad de expresión de todos los candidatos. En la base es donde comienza el diálogo.

Los desafíos de la democracia colombiana son enormes. Garantizar libertad y transparencia electoral en las elecciones regionales y locales debe ser el punto de partida para perfeccionar y fortalecer el sistema democrático, a fin de que este sea totalmente legítimo y no sólo legal. Sin eso no hay nada.