El Reino Unido ha amenazado con asaltar la embajada de Ecuador en Londres para detener a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, portal que publicó miles de archivos secretos de la diplomacia estadounidense. Como se sabe, el gobierno de Rafael Correa ha concedido asilo diplomático a este australiano, pedido en extradición por Suecia por presuntos delitos de violencia sexual, quien teme ser entregado por el Gobierno sueco al Washington. Si Londres cumple su promesa, nos enfrentaremos a una de las mayores crisis diplomáticas de la historia, pues este hecho violento obligaría a que casi todos los gobiernos del planeta se pronunciaran. 

A partir de este momento también el presidente Santos podría enviar un comando de asalto a Panamá para que arrestara a María del Pilar Hurtado, antigua exjefe del extinto DAS, durante el gobierno de Uribe, procesada por la justicia colombiana por delitos comunes, como son las interceptaciones ilegales a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué diría Washington de una situación como ésta? ¿O qué diría Bogotá si el presidente Chávez envía un comando de asalto para arrestar a Pedro Carmona, quien en abril de 2002 propinó un golpe de estado, finalmente fallido? Se estaría haciendo añicos una doctrina internacional sobre el derecho de asilo que tienen los países, con muchísimos años de vigencia, y que mal que bien han respetado casi todos los gobiernos.

La actitud del Gobierno inglés es retrógrada. Indica que no tiene claro en qué mundo estamos. Si lo que quiere es imponer la ley del más fuerte, los días que nos esperan van a ser muy feos. Creo que la OEA debe actuar de inmediato aunque no le guste al gobierno de Mr. Obama, pues la sola amenaza de asaltar la embajada (aunque no lo haga) constituye una ofensa a un país americano. El presidente Santos, quien es amigo personal del premier inglés, David Cameron, debería mediar y recordarle que hay unas líneas rojas que el antiguo imperio británico no puede cruzar. Una cosa es hacer la guerra a una dictadura militar que quiso utilizar una reivindicación popular para su propio beneficio, como lo hizo en 1981 el señor Leopoldo Galtieri, y otra muy distinta agredir a un gobierno elegido democráticamente que usa un derecho internacional. No creo que los británicos compartieran un acto vandálico semejante. Assange tiene partidarios en casi todo el mundo, y, obviamente, el Reino Unido no es la excepción. Si las autoridades suecas le prueban a este señor los delitos que le imputan, pues que lo envíen a Estocolmo para que los pague. Mientras tanto, Quito está en todo su derecho de otorgarle el asilo.

Ni Cameron es Thatcher, ni Correa es Galtieri, ni esta época es la misma que otras cuando los imperios podían hacer y deshacer de manera impune. Esto tendrían que tenerlo muy presente en el número 10 de Downing Street. Assange puede pasar varios meses, incluso años, en la embajada, que será su propia cárcel. El Reino Unido puede negarse a otorgarle el salvoconducto para que él pueda salir del país, como Perú en 1949, luego de que el embajador colombiano en Lima concediera asilo a Víctor Raúl Haya de la Torre, a quien el Gobierno peruano acusaba de instigar y dirigir una rebelión militar. Quito y Londres pueden someterse a la Corte Internacional de Justicia para que dirima quién tiene razón, todo esto es posible. Pero de ahí a asaltar la embajada hay trecho inmenso. Si usa la fuerza, va a sufrir una derrota inmensa. Finalmente, tengo una pregunta para el Gobierno inglés: ¿Por qué Assange sí y Pinochet no?