La tragedia que estamos presenciando en torno a la administración de Justicia no tiene antecedente en la historia de Colombia. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado muestran el mayor nivel de desprestigio posible (ver las encuestas). La situación no podía ser peor, o quizás sí. Como lo afirmara hace algunas semanas, Colombia pareciera condenada a precipitarse en un abismo sin nunca llegar a tocar fondo.
Pero seamos sinceros. La red de corrupción en la Fiscalía y en las altas cortes era un secreto a voces. Desde hace años se rumoraba acerca del negocio tan fabuloso que significaba ser magistrado o consejero de Estado. Escribo esta columna con inmenso dolor. Profeso admiración y sentimientos de amistad por distinguidos colegas que han llegado a las más altas dignidades jurisdiccionales y sé que mis palabras pueden sonarles injustas. Pero sé también que ellos, como personas probas que son, comprenderán que hay derecho para la indignación.
Esta crisis me duele por partida triple. Como colombiano, como abogado y como tolimense. Mientras los policías y soldados de la patria entregaban sus vidas defendiendo las instituciones democráticas una panda de bandidos de cuello blanco se enriquecía traficando con sentencias judiciales. No hay derecho. Esta gentuza ha enlodado la profesión de abogado (una de la más hermosas). Y como tolimense, ni se diga. Hubo una época en la que tolimense era sinónimo de jurista. Prohombres que enaltecieron la profesión y que, como lo describe Augusto Trujillo en su libro sobre la Escuela del Tolima, conformaron una línea de pensamiento que diseñó y construyó la República Liberal durante los años 30 del siglo pasado. Hablamos de López Pumarejo, Darío Echandía, Carlos Lozano y Lozano, Antonio Rocha Alvira y Rafael Parga Cortés, y de otra pléyade que continuó la tradición. Los exmagistrados Leonidas Bustos y Camilo Tarquino (y sus valedores, hay que tenerlo presente), no entendieron que eran herederos de hombres de estado y grandes pensadores. Qué pésimo ejemplo para las actuales y futuras generaciones. Nos deben algo más que una disculpa. Han herido el orgullo regional.
¿Puede el país permanecer indiferente a esta crisis? Por supuesto que no. Los colombianos tenemos el derecho y la obligación de purgar el sistema. Que salga todo el pus. Si esto no se hace, la pérdida de legitimidad institucional va a ser inmensa. Se está reforzando el mito, bastante arraigado, de que la justicia es solo para los de ruana, para quienes roban una gallina o venden baratijas en los semáforos. Esto es corrosivo para la democracia. La justicia debe ser implacable. Demostrar que es verdad que la ley pesa, y que quien la hace la paga. Todo podía pasar menos que se corrompiera la sal.
Solo veo una salida: una Asamblea Constituyente. No hay que tenerle miedo al remedio. El Congreso no va a reformar la justicia ni va a reformarse a sí mismo. La pregunta de fondo es: ¿quién puede liderar este proceso? Vivimos horas muy amargas. Colombia clama justicia.
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