Se sabía que implementar los acuerdos de paz alcanzados con las Farc sería más difícil que llegar a los acuerdos. Se sabía que no era fácil cambiar la mentalidad de guerra en la que instalaron al país y migrar hacia una mentalidad de paz. Se sabía que un sector importante de la población no estaba por una solución negociada y preferiría que siguiéramos echándonos tiros. Todo eso se sabía. Lo que no sabíamos era que la paz tenía enemigos agazapados que iban a moverse en la penumbra y a disparar como francotiradores, arropados con la bandera tricolor.
Los acuerdos de paz se firmaron para que las Farc abandonaran las armas e hicieran política legal. Y cumplieron. Las entregaron. Pero ahora resulta que no se les quiere dejar hacer política y se esgrime todo tipo de pretextos, entre ellos que primero tienen que pasar por la Justicia Especial para la Paz (JEP); sin embargo, torpedean la reglamentación legal en el Congreso, argumentando que eso podría llevar a 48 millones de colombianos y miles de empresarios a concurrir a esta instancia judicial. Falso de toda falsedad. El que nada debe nada teme. Hay que distinguir entre ser víctima y ser patrocinador de la guerra. Por lo primero nadie tiene que concurrir ante ningún tribunal ordinario ni especial, salvo para ser reparado. Por lo segundo sí. Y así debe ser. El país necesita conocer toda la verdad sobre lo sucedido.
Otro argumento falaz es que, según la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, los exguerrilleros no se pueden inscribir como candidatos porque sobre ellos pesan inhabilidades derivadas de las sentencias penales, sentencias que están suspendidas. A mí me enseñaron en la universidad un principio de derecho, originado en el derecho romano: “Accesorium sequitur principale” (Lo accesorio sigue la suerte de lo principal). Si las penas de prisión están suspendidas las inhabilidades también.
La inhabilidad para el ejercicio de una función pública es una pena accesoria. Cualquier estudiante de primer año de derecho lo sabe. Las FARC han cumplido lo pactado. Lo que sucede es que algunos políticos necesitan mantener vivo al “monstruo”, el “demonio” de las FARC, porque eso les da réditos electorales. A esa organización no hay que obstaculizarle su accionar político legal. No es con leguleyos y tinterillos como se les debe confrontar. Ni apelando al miedo o al odio. Es con argumentos. Demostrando que la oferta política que se tiene es mejor que la de ellos.
A la triada que integran Vargas Lleras, el fiscal Martínez y el presidente de la Cámara Rodrigo Lara, les cabrá una enorme responsabilidad si este proceso finalmente naufraga. El antiguo secretariado de las Farc no se va a devolver para el monte. Ese no es el riesgo. Pero ante el incumplimiento del Estado y el acoso sistemático de los enemigos de la paz muchos excombatientes de base (particularmente los más jóvenes) sí podrían hacerlo. Además, este panorama no es nada alentador para el ELN.
Nunca creí que hacer la paz fuera tan difícil. A veces pienso que Colombia aún no la merece.
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