Agitado, como en otras ocasiones, ha estado el debate en la comisión segunda del Senado que decide la aprobación o rechazo del ascenso solicitado por el Presidente Juan Manuel Santos a 39 coroneles de la Fuerza Pública.
Procura la comisión – y ojalá así se haga en la plenaria - realizar un verdadero análisis y acto de control político y social a las hojas de vida del futuro generalato que asumirá el mando militar y policial en una etapa trascendente de Colombia: postconflicto o guerra.
Diligente la actuación de algunos senadores al ejercer esta atribución constitucional (Artículos 173 y 189) no como un mero acto formal, sino, como una oportunidad de control democrático que tiene el pueblo representado en ellos para mirar con lupa la actuación de quienes en nombre del Estado han tenido y tendrán el poder de las armas entregadas en virtud del contrato social.
Como contribución al escrutinio, destaco algunas dudas con relación al coronel Fernando Murillo Orrego, que se suman a las ya conocidas del coronel Luis Eduardo Martínez.
Murillo Orrego hizo parte de la oficialidad del Tolima de los años 2000, 2001 y 2002, duramente cuestionada por la complacencia con un reconocido narcotraficante y paramilitar, conforme en su momento lo resaltó la revista Semana (8 de julio de 2002), lo que concluyó que por investigaciones posteriores sobreviniera el retiro del coronel Ciro Hernando Chitiva (Comandante de la Policía) y varios oficiales de alta graduación de la época. El Coronel Murillo siguió incólume su ascendente carrera, al no aparecer con señalamiento alguno.
Sin embargo, la emisora Ecos del Combeima en su portal web, recogió la versión rendida ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá por el comandante financiero y militar del llamado Bloque Tolima, Ricaurte Soria Ortíz, que le atribuyó al entonces capitán Murillo y comandante de la Sijin del Tolima ser “informante y facilitador de las AUC” y quien - según el paramilitar – “les suministraba lista con placas de vehículos públicos y privados en los que se movilizaban colaboradores de la guerrilla” (Portal web, 30 de julio de 2012).
En esta misma página web se recogen declaraciones del coronel, quien negó las afirmaciones del paramilitar y expresó estar dispuesto a acudir a la justicia cuando se le requiriera. Esto, hasta ahora no ha ocurrido.
Pero un episodio criminal posterior puso a circular de nuevo el nombre del coronel Murillo. En Armenia, fue asesinado el 04 de febrero de 2013 el abogado Carlos Alberto Botero Rodríguez momentos antes de arribar a su oficina. El sicario fue capturado cuadras adelante, portando aún el arma homicida. Una pistola Pietro Beretta 9 milímetros, que se dijo era de propiedad del coronel Murillo Orrego, entonces comandante de la Metropolitana de Ibagué. Hechos divulgados por varios medios de comunicación del Quindío. El asesino aceptó cargos y fue condenado a 34 años de prisión.
Aunque indagué con varias fuentes qué investigaciones colaterales originó el hecho, nadie me pudo explicar y les incomodó el tema. De manera coincidente, en esa misma época, Fredy Murillo Orrego - hermano del coronel - ejercía un cargo de dirección en el CTI de ese departamento.
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