Todo indica que los puntos más controversiales son el futuro de las elecciones en 2014 y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Sin embargo, el tema es mucho más complejo y debiera demandar un mayor debate en la opinión pública.
En relación con el posible aplazamiento de las elecciones parlamentarias y a la elección presidencial, ya el Gobierno cerró dicha posibilidad. Lo mismo ocurrió con la propuesta de convocar una constituyente. Sus argumentos son totalmente válidos.
Creo que el Gobierno tiene razón porque aplazar las elecciones y convocar una constituyente va en contravía de las mismas reglas que se acordaron para el diálogo y la negociación.
Si nada está acordado hasta que todo esté acordado, ¿quién y qué garantiza que después de aplazar el rumbo normal de nuestra democracia se firmará el acuerdo final cuando aún faltan otros puntos en la agenda? Y con la convocatoria de la asamblea constituyente ocurre que ésta no sería un mecanismo de refrendación de lo acordado en La Habana, sino que, por el contrario, abriría el camino para iniciar un nuevo debate de temas que deberán ser tratados en el marco de los nuevos escenarios democráticos que surjan de la participación de una nueva izquierda política integrada por las FARC.
Es pertinente que la opinión pública y el propio Gobierno encaucen el debate de la sociedad civil al tema que se propuso como segundo de la agenda: “Creación de medidas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores” con el fin de ofrecer salidas a uno de los grandes problemas que tiene la democracia colombiana, la exclusión de muchos sectores sociales y la apatía política de la mayoría de los ciudadanos originada por la corrupción y el clientelismo.
El acierto en el pasado tema de la agenda estuvo en que el Gobierno llegó preparado para la discusión de los temas neurálgicos rurales con leyes y modelos de desarrollo y además se revisó y acogió el trabajo de la sociedad civil durante los foros en la Universidad Nacional. La pregunta que surge ahora es: ¿Qué tan preparado está el Gobierno nacional para afrontar un tema en el que se conoce existe una gran debilidad institucional propia del mismo régimen?
Lo cierto al final de todo este debate es que de lograrse acordar este punto de la agenda de La Habana habrá cambios en las instituciones políticas y electorales en el país; en los partidos políticos, inicialmente los de izquierda, ya el representante Iván Cepeda propuso una alianza para los partidos y fuerzas de izquierda; la estructura electoral y los estatutos de respeto a la oposición y mecanismos de fortalecimiento de las minorías.
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