La cifra de mil 525 víctimas en el Tolima a causa de las minas antipersonal es aterradora. También lo es para Colombia. Las minas antipersonal y otros artefactos explosivos utilizados en el conflicto armado colombiano han causado hasta 11 mil 800 muertos o heridos durante los últimos 25 años, según cifras aportadas hoy por la ONG Campaña Colombiana Contra Minas.
No hay duda que este mecanismo se convirtió en uno de terror, por eso ahora que se acordó un compromiso por parte de las FARC y el Gobierno nacional para desminar los campos se divisa una luz en el camino para detener las horribles consecuencias de estos artefactos explosivos. No hay duda de que las condiciones de vida de las personas en áreas de conflicto mejorarán cuando sea implementado el acuerdo.
El acuerdo se recibe con mucho agrado, es un mensaje en la dirección correcta hacia la paz y la reconciliación. Es un mensaje esperanzador. Es un hecho concreto que invita a los escépticos del proceso de paz y de los diálogos a creer. Se trata de un acuerdo en el marco del enfriamiento del conflicto colombiano y “para avanzar en la construcción de confianza y con el fin de contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas de riesgo por la presencia de minas”.
Sin embargo, el acuerdo no puede dejar atrás en el olvido a las miles de personas que sufren las consecuencias de las minas. Es oportuno que paralelamente al desminado el acuerdo incluya programas que indemnicen el daño causado a los individuos mutilados y a las familias de quienes murieron a causa de las minas. También se requiere de programas para las personas discapacitadas.
Oportunidades laborales, apoyo a sus iniciativas productivas, inclusión efectiva a todas las dimensiones de la vida social, programas de rehabilitación psicológica y muchos otros temas deben ser incluidos en una política pública que establezca las condiciones adecuadas para construir una Colombia más pacífica y socialmente incluyente.
De otro lado, el reto planteado es realmente inmenso como quiera que, según los expertos, con los actuales recursos presupuestales y tecnológicos el desminado para Colombia podría demorar más de 60 años. Un propósito que ha surgido en medio del debate dado al acuerdo para el desminado humanitario es que se impulsen proyectos de investigación en la búsqueda de soluciones basadas en ciencia y tecnología.
También surge la necesidad de establecer acciones locales que apoyen no solo la identificación de las zonas con minas sino, también, la prioridad de adelantar el desminado en aquellos lugares extremadamente sensibles como escuelas y caminos veredales.
Finalmente creo que el Gobierno departamental debe tener una participación activa y propositiva para la ejecución de programas relacionadas con el acuerdo del desminado mediante inversiones directas que apoyen a las víctimas de las minas antipersonal y programas de prevención en aquellos sitios en donde se identifique por parte de las Farc los sembrados de minas.
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