La corrupción es un fenómeno que puede ubicarse en el mismo nivel de daño a la sociedad (sino en uno mayor) que fenómenos como el terrorismo o la guerra. La corrupción erosiona el futuro de todos porque debilita las finanzas del Estado y crea antivalores en la comunidad. La corrupción hace parte de un círculo vicioso que junto con la pobreza y la desigualdad mantiene sumido en el atraso a los pueblos.
Este fenómeno no debe ser soportado por la sociedad, es un imperativo moral derrotar la corrupción, debe llegarse a un estadio donde la sociedad no tolere un solo segundo comportamientos corruptos de parte de la dirigencia en la administración pública.
Ese cuento retorcido que muchas veces se escucha de las personas en medio de la desesperanza “ese político roba pero por lo menos algo hace” debe dejar de ser válido, todos debemos exigir que no se pierda ni un solo peso de los presupuestos públicos. Cuando se pierden los dineros públicos se pierden las oportunidades.
El panorama descrito por el índice de transparencia de las entidades públicas para 2013 y 2014 muestra que la institucionalidad en alcaldías, gobernaciones y contralorías es débil y que los procesos de gestión son vulnerables.
No debemos aceptar encontrar a la alcaldía de Ibagué, a la gobernación del Departamento y a la contraloría departamental clasificadas, según el estudio ‘Transparencia Departamental y Municipal 2013-2014’,con Índices de Transparencia para la Alcaldía de Ibagué del 62.2 %, para la Gobernación del Tolima del 73.5 % y para la Contraloría regional del 62.8%. Estos niveles son vergonzosos y preocupantes. El nivel de riesgo debiera ser de bajo.
Para alcanzar niveles bajos se debe, de acuerdo al índice, trabajar en mejorar la visibilidad, la institucionalidad y el control.
La visibilidad es entendida como la capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, procedimientos y decisiones, de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada; La Institucionalidad es la fortaleza para lograr que los servidores públicos y la administración cumplan con normas y estándares establecidos para procesos de gestión; Y el control y sanción corresponde a aquellas acciones de los órganos de control y la participación ciudadana que corrigen dicho fenómeno.
A diferencia de lo que dice el informe, no creo que la posibilidad de firmar un acuerdo del fin de conflicto en Colombia deba orientar la acción estatal para disminuir los riesgos de corrupción sino que hacerlo es un imperativo moral de todo servidor público y debe hacerse desde ya.
Una manera de lograrlo es votando en las próximas elecciones por candidatos y partidos que no toleren la corrupción, que asuman el compromiso de luchar contra ella, que puedan levantar la frente y mirar a los ojos a los electores y decirles a ciencia cierta que la corrupción no hace parte ni de su pasado, ni presente. Que voten a conciencia, de manera libre y sin caer en la tentación de recibir dádivas y prebendas provenientes de la corrupción.
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