Duque y la operación Gedeón

Desde antes de iniciarse esta operación, a la cual se le había dado por nombre Operación Gedeón, organismos de inteligencia venezolanos ya conocían el cuándo, el cómo y el por dónde comenzaría. Esto sirvió para activar con suficiente anticipación el contundente rechazo protagonizado por la Fuerza Armada y los pobladores de la zona, lo cual da cuenta de la eficacia de la unión cívico militar y de lo comprometidos y enfervorizados que están los venezolanos con su proceso revolucionario.

Pero, igualmente, los mismos organismos de inteligencia detectaron el motivo de la operación en un contrato que comprometía a eminentes figuras de los bajos fondos de la política venezolana, entre ellos Juan Guaidó, alias Juanito Alimaña, y J.J. Rendón, asesor de la derecha internacional. Como contraparte estaba la empresa norteamericana Silvercorp, especialista en actividades encubiertas contra procesos democráticos.

Según el contrato, cuya firma fue negada por el irrelevante Guaidó, este se comprometió a pagar a Silvercop la suma de 212 millones de dólares por poner las riendas del Estado en sus manos, luego de llevar a cabo la remoción del presidente Nicolás Maduro, vivo o muerto, según lo confirmaron los dos gringos, entre otros detenidos. Lo de esperar después de esto, es que se restableciera el viejo orden imperante en la Cuarta República.

En razón a que esta operación tuvo su cabeza de playa en tierras de la Guajira, donde fueron entrenados aproximadamente 70 hombres durante varios meses y de donde salieron las primeras embarcaciones, Iván Duque debió asumir su responsabilidad política, bien aceptando la participación de su gobierno en la Operación y explicando por qué, o negándola y ordenando las investigaciones correspondientes. Lamentablemente se negó a hacerlo, pese a que se violó la prohibición constitucional de admitir fuerzas extranjeras en nuestro territorio. Simplemente se limitó a esconder la cola y a decir que no, que no y que no, con la misma entonación que ya le conocemos a su jefe, Álvaro Uribe.

La Corte Suprema debería asumir la investigación correspondiente. No ocurrirá así, y eso nos condenará a solo enviar al pueblo venezolano y a su Gobierno las más sinceras congratulaciones por la manera como abortaron esta nueva intentona golpista, con la que se pretendía aniquilar el proceso revolucionario que, con el de Cuba, sirve de estímulo a las fuerzas democráticas del continente.