Se siente al rompe que Colombia, como una comunidad política, acusa desgaste y cansancio respecto a:

La Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial es desarrollo rural con enfoque territorial que permite emprender la paz con sectores que han sido víctimas de la violencia y la exclusión social y económica en diversas regiones estratégicas de la geografía colombiana, lo que hace que estos ciudadanos y comunidades se empoderen como verdaderos protagonistas y gestores de la paz.

Sin lugar a dudas, una sociedad que quiera caracterizarse por alcanzar una democracia segura, productiva, justa, incluyente, sostenible, soberana e institucional necesita partidos que sean verdaderas empresas políticas, que tengan un cuerpo de doctrina sobre cómo entiende y asume las relaciones entre la persona, la sociedad y el estado.

Las declaraciones de Miguel de la Espriella en la entrevista que le hiciera Cecilia Orozco Tascón en El Espectador el domingo 7 de octubre, me dejan como ciudadano y miembro que fui de la campaña de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia en el 2002, las siguientes claridades:

Escribió el escritor británico G.K Chesterton: “Terrible cosa que abandones tus ideales, dejando inútiles los fracasos”.

Son varias las inquietudes que moran en las mentes y corazones de los colombianos relacionadas con las instituciones políticas que constituyen los pilares de nuestro Estado y sociedad civil y del papel de la persona en el ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos.

Como resulta de lo expresado con claridad por la Ministra, una sentencia dictada tras 10 años de proceso es completamente inútil y significa, ni más ni menos, una injusticia.

En Colombia deberíamos hacer un gran acuerdo al respecto: un acto legislativo debe proceder a consagrarse como reforma constitucional si es avalado por el constituyente primario, el Pueblo, vía referendo.

Es sensato que una constitución política no se convierta en un cuerpo de principios y fundamentos institucionales intocable, rígido y susceptible de cambios.

La Fiscalía, con el Fiscal General a la cabeza, tiene que probar este caso más allá de toda duda razonable. Aquellos que fungirán como jueces, tienen que actuar con mesura y evitar un error judicial.