El debate de viabilidad política del referendo sobre adopción, adelantado en la Comisión Primera de la Cámara, reviste un enorme valor democrático. Ciertamente, en una acalorada sesión de más de nueve horas, caracterizada por el fervor de unos y otros, se discutieron sólidos argumentos académicos. Pero también abundaron fervorosas creencias religiosas y por ende morales, como esperaban los cristianos en este debate.
La discusión confrontaba precisamente el artículo 19, de nuestra constitución, sobre libertad de cultos, y que sucede a uno de los más progresistas de la carta magna, el 18, que consagra el estado laico. Lo cierto es que, si el 19 permite que los colombianos profesen la religión que quieran, subordina este derecho al respeto del estado laico.
Creo que todos aquellos parlamentarios que invocaron preceptos morales, de tinte religioso, con la Biblia en la mano, conocían esto perfectamente. Pero como se dijo, este no era un debate en la Corte Constitucional. Lo cierto es que, por fortuna, nadie impidió que los defensores de la doctrina cristiana recurrieran a argumentos teológicos y morales.
A cambio de este respeto democrático, que algunos han calificado de anticonstitucional (solo la Corte correspondiente tiene la última palabra) deberían pagar un precio político. Y ese precio mínimo, que deberían pagar, consiste en aceptar convertirse en sujetos mismos de debate moral en boca de cualquier colombiano. Pero Carlos Alonso Lucio, promotor del referendo aludido, se negó a pagar del todo ese precio hipotético cuando lo entrevistó el periodista Juan Pablo Calvás, de W Radio.
Calvás, en un ejercicio periodístico, indagó sobre la coherencia moral del entrevistado con sus argumentos morales a favor del referendo. Si Lucio salía triunfante en sus explicaciones, ganaría muchos puntos de favorabilidad entre sus correligionarios. Y de ser así, sus cristianos seguidores podrían ‘evangelizar’ más fácilmente al país ‘ateo’ y poner en entredicho la laicidad de la constitución colombiana. Y, si los cristianos lograran re-evangelizar a la mayoría de Colombia, podrían incluso promover un retorno constitucional al modelo confesional.
Calvás podría haber tocado muchos puntos de la vida y las acciones pasadas de Lucio, para cuestionar o para aclarar su coherencia moral. Sin embargo, el periodista inició su proceso mayeutico, de hacer que el entrevistado ‘pariera’ la verdad, averiguando su pasado como padre. Y Lucio colgó el teléfono.
Nadie tiene derecho de cuestionar las creencias y, por ende, la moral de nadie. Así lo establece la Constitución garantista de 1991 que protege, incluso, a sus detractores de facto, como Lucio o Viviane. Pero quizá, si no quieren caer en juicios morales tan incómodos como los que los periodistas acostumbramos, deban suprimir la tentación de guiar a la sociedad con argumentos morales.
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