Ello obligó a los centros hospitalarios a cerrar los servicios a entidades como Pijao EPS que debe, solo al Hospital Federico Lleras Acosta, cerca de 25.000 millones de pesos.
Este estado de cosas no es nuevo: en mayo del año pasado, el entonces gobernador, Ricardo Orozco, informó que las EPS adeudaban a los hospitales 700.000 millones de pesos. Anteriormente, en julio de 2022 Orozco expresó, refiriéndose al mismo tema: "A mí me da más tristeza que las EPS no le giren la plata a los hospitales como tiene que ser", y pidió más liderazgo por parte de los alcaldes para que ayudaran a gestionar la recuperación de los recursos que les adeudan a los hospitales.
La preocupación no es solo de la Gobernación, la Contraloría del Departamento inició una serie de auditorías en los hospitales de primero y segundo nivel, con el fin de efectuar un seguimiento financiero y a la gestión de los gerentes, en lo que se refiere a la recuperación de cartera, teniendo en cuenta que muchas de las EPS que les adeudan dinero están intervenidas o en proceso de liquidación, lo cual hace muy difícil el recaudo.
Las auditorías ya comenzaron en los hospitales Regional del Líbano y San Juan de Dios de Honda. Posteriormente se llevarán a cabo en los hospitales de Valle de San Juan, Mariquita, Espinal, Purificación y Chaparral. Los resultados de las auditorías se darán a conocer en octubre, según la Contraloría.
No obstante los esfuerzos que han hecho los últimos gobiernos seccionales en la dotación de los centros asistenciales públicos, la falta de pago por parte de las EPS es un problema que amenaza el derecho a la salud de los tolimenses.
Esta situación, como es de suponer, afecta más a las familias de menores ingresos y que viven en los territorios más apartados, pues carecen de los recursos suficientes para pagar consultas médicas, medicinas, tratamientos, traslados, exámenes, cirugías y hospitalizaciones.
Es de esperar que los gerentes se pongan las pilas para gestionar el cobro de las deudas que asfixian a los hospitales.
Comentarios