La idea de las inversiones forzosas había causado descontento y preocupación entre los sectores productivos. Exministros de hacienda, líderes gremiales y expertos en temas económicos expusieron que programas similares en otros países no dieron buenos resultados; además, que se podría encarecer el crédito y poner en riesgo al sistema financiero. El rechazo también obedecía a que se trataba de una imposición del ejecutivo, sin contar con las entidades afectadas.
Mediante el “Pacto por el crédito”, se aumentó en 55 billones de pesos el desembolso de créditos, en los que se priorizarán la economía popular; vivienda e infraestructura; manufactura y transición energética, el sector agropecuario y el turismo. La idea es que el acuerdo comienza a ser efectivo a partir de septiembre, y se ejecute durante los siguientes 18 meses.
En las próximas semanas se acordarán los detalles sobre cuánto dinero irá a cada actividad y la forma en que se efectuarán los desembolsos para que lleguen rápidamente a los empresarios. Uno de los propósitos es democratizar el acceso a los créditos para los sectores más populares, que son los que tienen menores posibilidades de obtenerlos.
Al acuerdo se llegó después de cerca de 20 reuniones entre el gobierno y los sectores productivos. Estos encuentros se seguirán desarrollando, para establecer los mecanismos de verificación, seguimiento y confirmar que el dinero se esté trasladando a los sectores seleccionados.
El camino para avanzar hacia el desarrollo del país pasa por la conciliación, el diálogo, la escucha de las ideas y los puntos de vista de los otros, y la persistencia para no abandonar los encuentros en los primeros intentos. Así como se logró este pacto es preciso establecer alianzas y concertar propuestas en temas álgidos, como las reformas laboral, de salud, de educación y los asuntos energéticos, que requieren profundas reestructuraciones.
Comentarios