Subyacente a la crisis nacional que se agrava día a día como consecuencia del paro de los empresarios camioneros, debatía el país pocos días antes la situación de la posible violación de los topes en la campaña Petro Presidente de 2022, que el Consejo Nacional Electoral ha encontrado con mérito suficiente para que se adelante la investigación correspondiente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es la que constitucionalmente tiene el fuero para mover un expediente que eventualmente puede convertirse en un juicio que debería adelantarse, siguiendo la misma ruta constitucional, en el Senado de la República, tal como a finales del siglo pasado ocurrió con Ernesto Samper Pizano.
El avance, entonces, que ha tenido el caso con la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro, si bien por ahora toca de frente a quienes fueron directivos de la misma, entre ellos el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, muestra todas las señales de que va a extenderse hasta el legislativo, donde se abriría formalmente el caso contra el presidente, si se estableciera que él sabía o que participó de cualquier forma en las decisiones que llevaron a la conducta ilegal de exceder los montos presupuestales máximos que la ley le permitía a la campaña.
Preocupa entonces, y seriamente, la perspectiva de que el país pudiera caer nuevamente en la situación casi de interinidad en que estuvo durante el llamado proceso 8000, que cubrió prácticamente todo el período presidencial de Ernesto Samper, entre 1994 y 1998. Lo que vivió la institucionalidad colombiana en esos años fue un deterioro fenomenal que amenazó por momentos no solo la integridad del presidente y de su programa de gobierno, sino la democracia misma que se vio amenazada por un grupo de políticos que propusieron abierta y repetidamente la remoción del cargo del mandatario.
Todo esto, obviamente, se llevó de bulto la estabilidad de la economía en todos sus sectores, además de las relaciones internacionales y el orden público que, de paso, vivía aún los fuertes coletazos de la muerte de Pablo Escobar y la avanzada de las fuerzas del Estado contra el cartel de Cali. Son especialmente preocupantes, entonces, los pasos que se siguen dando hacia una posible investigación y juzgamiento por parte del actual congreso contra el presidente Petro, quien suele mostrarse disciplinado frente a los fallos de la justicia, pero ampliamente beligerante frente a instituciones o personas que le señalan alguna de sus conductas.
Los convulsivos momentos que podrían darse en un eventual juicio al presidente dejarían un perjuicio mayúsculo al Estado y a la Nación, por lo que lo recomendable es que quienes tienen el fuero para establecer todas las responsabilidades en el caso de la campaña ‘Petro Presidente’, lo hagan con la mayor diligencia y transparencia, de modo que se llegue pronta e indudablemente a fallos que preserven la justicia en las personas cuya conducta se evalúe, pero también, y sobre todo, se preserve la salud de la democracia y las instituciones colombianas en tanto se llegue a estas definiciones.
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