Se trata de la reforma al Sistema General de Participaciones que fue recibida con beneplácito por los gobernadores del país, ya que es un viejo clamor de los territorios, que dependen del gobierno central para adelantar proyectos locales.
Gracias a la reforma, las transferencias de la nación a los territorios pasarán del 24% al 39,5% en doce años, a partir de 2027. Esto significa que los gobernantes seccionales y municipales podrán destinar con mayor independencia recursos para salud, educación y saneamiento básico.
El Gobierno Nacional tiene 12 meses para presentar un proyecto de ley de competencias, que defina cuáles serán las funciones que les asigne a los territorios para financiar proyectos con el dinero adicional. Uno de los principales propósitos de la ley es aplicar realmente la Constitución de 1991, en lo que se refiere a descentralización y autonomía de las regiones.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, fue una de las mandatarias seccionales que respaldó el proyecto. “El país se construye desde las regiones, y los gobernadores hemos estado solicitando precisamente esa autonomía que necesitan las regiones para poder gobernar y llegar a cada uno de los territorios. Celebramos que el Congreso de la República haya aprobado esta reforma, que salda una deuda histórica con las regiones desde la Constitución del 91”, declaró Matiz.
Para algunos los sectores económicos, la reforma es un riesgo para el presupuesto nacional, ya que en los próximos años aumentarán las transferencias, pero los ingresos tributarios han disminuido, un hecho que puede llevar a la desfinanciación del Estado. Además, desde Bogotá existe desconfianza sobre el manejo que se les dará a estos nuevos recursos en las entidades territoriales, un argumento centralista que descalifica la idoneidad de los gobiernos locales para administrar el dinero público.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó estas afirmaciones y asegura que la Ley no conlleva un impacto fiscal, dado que lo que se pretende es reducir el tamaño de la administración central y fortalecer los territorios.
Habrá que confiar en que la necesaria ley de competencias establezca las reglas y la forma de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.
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