El Catatumbo es una región de Norte de Santander, en límites con Venezuela, con abundancia de petróleo y otros recursos naturales, inundada de cultivos de coca (cerca de 40.000 hectáreas) y localizada en un lugar estratégico. Actualmente está padeciendo la confrontación armada de dos grupos insurgentes, que ha dejado por lo menos 80 muertos, 20 secuestrados, decenas de heridos y más de 8.000 desplazados.
La guerra la desató el ELN en contra del frente 33, grupo disidente de las FARC, a cuyos integrantes acusa de beneficiarse del acuerdo de paz, mientras continúan delinquiendo y dice que los muertos no son firmantes de paz, sino jefes de milicias.
El detonante de la crisis fue la masacre de una familia en Tibú, hecho que estremeció a los colombianos y puso de presente la sangrienta disputa, cuyos propósitos son el control de las rutas del narcotráfico y el territorio. Los más afectados son firmantes de paz y la población civil.
Los enfrentamientos causaron una catástrofe humanitaria y obligaron al Gobierno Nacional a suspender las negociaciones con el ELN. “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra”, aseguró el presidente Gustavo Petro; reconoció que ese grupo guerrillero “no tiene voluntad de paz” y lo calificó de “mafioso”.
La tragedia del Catatumbo no es nueva. Diferentes grupos guerrilleros se establecieron allí (ELN, EPL, FARC) desde finales de los años 70 del siglo pasado y a finales de los 80 comenzó a sembrarse la coca; con la llegada de este cultivo se conformaron los primeros grupos de autodefensas. A finales de los 90 y durante la primera década de este siglo, el Catatumbo fue el escenario de una guerra sin cuartel declarada por paramilitares que asesinaron a centenares de personas, con el argumento de ser “auxiliadores de la guerrilla”. La institucionalidad es débil, lo cual aumenta el interés de los grupos armados por el control del territorio y sus negocios ilícitos.
La situación del Catatumbo ha conmocionado a los mandatarios regionales que temen una posible expansión de las acciones criminales de estos grupos a otros territorios. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, así lo ha expresado: “La crisis en el Catatumbo nos obliga a reflexionar. Mi exigencia permanente a la Fuerza Pública es no aflojar en seguridad, orden público y control territorial en el sur, norte, oriente y todo el Tolima, para evitar que se replique, tristemente, un Catatumbo en nuestro territorio”.
La petición unánime de los colombianos en estas difíciles circunstancias en Norte de Santander, es que el Estado retome el control y garantice la vida de los civiles.
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