Deportaciones masivas y remesas

Las remesas (el dinero que envían los emigrantes desde otros países a sus familias en sus lugares de origen) representan un volumen importante del ingreso de los hogares latinoamericanos.

De acuerdo con BBVA Research, en 2024 ingresaron a Latinoamérica y el Caribe (LAC) más de 160.000 millones de dólares por concepto de remesas, 7,7 mil millones de dólares más que en 2023. Esta cifra representa el 2,3% de PIB para LAC. En naciones como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, las remesas significan entre el 19 y el 26% del PIB. 

En Colombia, las remesas crecieron 17,1% en 2024 con respecto a 2023; superaron los 11.800 millones de dólares (casi mil millones de dólares al mes) y representan el 3,3% del PIB. Los departamentos que recibieron más remesas durante el segundo trimestre de 2024 fueron Valle (743 millones de dólares), Cundinamarca (501 millones), Antioquia (465 millones), Risaralda (141 millones), Atlántico (102 millones), Santander (92 millones), Norte de Santander (75 millones), Tolima (64 millones), Quindío (63 millones) y Caldas (60 millones de dólares).

Estos dineros son un alivio para las familias receptoras (muchas en condiciones del vulnerabilidad) que los emplean en alimentación, pago de arriendo, educación, salud y, en menor proporción, para ahorrar o invertir en vivienda. Además, contribuyen a darle dinamismo a la economía de su entorno.

Las condiciones de pobreza y exclusión obligan a miles de latinoamericanos e emigrar en busca de un mejor futuro para sus familias. Estados Unidos es uno de los países que recibe la mayor parte de migrantes provenientes de LAC. Se estima que los que trabajan indocumentados superan los 11 millones (entre ellos, más de 230.000 colombianos).

Con las medidas antimigratorias impuestas por el gobierno de Donald Trump, el pánico se está apoderando de miles de trabajadores latinoamericanos que no han podido legalizar su situación en ese país. El propósito del gobierno estadounidense es deportar al menos un millón de personas en un año. Los analistas consideran que cumplir esta meta es poco probable, ya que esto significa un aumento considerable del presupuesto. Sin embargo, las redadas se están multiplicando en lugares de trabajo y ya son cerca de mil las personas detenidas en la primera semana de gobierno.

El efecto en la economía de los países receptores de deportados sería desastroso por la disminución de las remesas y el aumento súbito de la población desempleada. Pero, además, el perjuicio para las familias es incalculable, ya que se estima que unos cinco millones de niños residentes en Estados Unidos tienen, por lo menos, a uno de sus padres en condición irregular.

El Nuevo Día

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