No hay otra organización estatal que tenga tantas instituciones para la prestación de servicios que requiere la población, como lo hace  el sistema escolar, de ahí la complejidad que implica gestionar instituciones educativas oficiales y colegios privados.

En los 46 municipios no certificados del Tolima (se excluye Ibagué), son 2.186 planteles educativos, oficiales y privados, si se cuentan las 363 que operan como sedes centrales (entre estos 152 colegios privados) y las 1.822 sedes adscritas a las anteriores, conocidas como escuelas, principalmente en la zona rural. No hay tal número de puestos de salud o puestos de Policía que igualen esta cifra.

Esta disponibilidad de planteles educativos, está a cargo del Estado, más específicamente , de la Gobernación, a través de su Secretaría de Educación en los 46 municipios no certificados.

Generalmente, como debe ser, se reclama una mejor calidad de la educación. Pero es apropiado poner la mirada sobre la cobertura escolar, que es posible evaluar con base en por lo menos 10 indicadores educativos de proceso, entre ellos la matrícula, las tasas brutas y netas de escolaridad; las tasas de ingreso a cada nivel educativo, la población estudiantil en condiciones de extraedad.

Sigue la disminución de la matrícula

Las trasferencias que hace la Nación para atender los costos educativos de los planteles educativos oficiales, se hace con base en la matrícula.

Anualmente, la Nación establece una tipología en la que se asigna un valor por cada estudiantes matriculado, según el nivel educativo y la zona donde se registre la matrícula.

A mayor número de estudiantes matriculados, corresponden mayores transferencias que se hacen a través del Sistema General de Participaciones. Transferencias que sirven de base para los costos de funcionamiento, de pagos de personal y de transferencias que hace el Estado para la calidad educativa, gratuidad  y alimentación escolar.

A mayor número de estudiantes matriculados, entonces, habrá mayores transferencias para el gasto educativo y a mediano y largo plazo, la mayor cobertura escolar incide en un mayor promedio de escolaridad de la población o logros en la permanecía escolar, hacia niveles educativos más altos.

Entonces, ¿qué efecto e impacto tiene la disminución paulatina de la población estudiantil matriculada? Es un estudio por realizar, por ahora es posible encontrar indicios sobre esta situación, a través de los datos de matrícula.

En el año 2019, antes de la pandemia del Covid-19, el total de estudiantes matriculados en planteles educativos oficiales y privados en los 46 municipios no certificados, era de 172.349, cifra que pasó a ser, hasta junio del presente año, de 158.446, es decir, 13.903 estudiantes menos en las aulas equivalentes a un decrecimiento de la matrícula del 8,1 %.

Los datos estadísticos de tasas de cobertura nos dicen que la cobertura escolar está bien en comparación con otros departamentos. La tasa de cobertura bruta (sin distingos de edad) se calculaba en 109,07 % en el año 2021, la tasa de cobertura neta, en 97,64 %. Teóricamente, hay buen desempeño institucional en cuanto a acceso a la matrícula.

Para dónde vamos si menos estudiantes acceden a los planteles educativos año a año.  ¿Por qué esa disminución porcentualmente es más alta en los planteles educativos oficiales ubicados en zonas urbanas? (8.425 estudiantes menos en los cinco años que se comparan).

La disminución de la matrícula equivale al 8 % en las zonas rurales. Era de 67.825 en el año 2019, antes de la pandemia del Covid-19 y pasó a ser de 62.347 en el 2023, es decir, 5.478 estudiantes menos en las zonas rurales de los 46 municipio no certificados.

Se puede afirmar que no hay oferta educativa de colegios privados en las zonas rurales.

¿Por qué disminuye la matrícula?

Es un interrogante que tiene múltiples respuestas y exige estudios rigurosos para llegar a conclusiones útiles para la toma de decisiones.

Un primer dilema lo crea la gratuidad educativa. ¿Por qué existiendo gratuidad en el acceso y permanencia de los estudiantes en instituciones educativas oficiales, sigue avanzando el decrecimiento de la matrícula?

Hernán Sigifredo Rubio, presidente La Asociación Sindical de los Directivos Docentes de Ibagué y del Tolima, Asddetol, tiene su opinión sobre este interrogante: “La matrícula disminuye porque los padres de familia ya no creen en la calidad de la educación oficial; por ello crecen las solicitudes de creación de colegios privados.

Los padres de familia tienen la idea de que la educación pública no llena las expectativas de los estudiantes, esperan mayor severidad de los maestros. De los 200 días de clases, los docentes apenas cumplen su labor de enseñanza, aproximadamente en 150 días, contando los días festivos y las jornadas sindicales”.

Aurora Tique es la rectora de la institución educativa Zaragoza Tamarindo de Coyaima, opina sobre este tema: “Por falta de empleo, las familias salen para la ciudad y se llevan los niños de Coyaima. Crece el trabajo infantil, falta transporte escolar y entonces, la gente busca otras opciones. En la institución educativa que dirijo, entre el año pasado y el presente, son 20 estudiantes menos, eran 389 en el 2022 y ahora son 369”.

Definitivamente hay factores socioeconómicos de las familias, que inciden en este problema. Pero , igualmente, tal como se ha dicho por los padres de familia en la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, no todos los estudiantes se interesan por ir a las instituciones educativas porque no les gusta lo que se les enseña o como se les enseña. Ello obliga a  una reforma curricular dirigida a la pertinencia educativa para que se enseñe lo que a los estudiantes les interesa.

Municipios e instituciones educativas con situación crítica en cobertura escolar

Mensualmente, la Secretaría de Educación departamental, establece un ranking de cobertura escolar para categorizar los municipios y las 213 instituciones educativas oficiales, sedes centrales, según el estado de la matrícula regular, comparada con el año inmediatamente anterior.

A corte de  octubre, son siete las instituciones educativas en situación crítica, según el estado de la matrícula regular, donde esta a decrecido en forma significativa, ellas son: la institución educativa Juan Manuel Rudas de Honda, donde la matrícula ha disminuido en un 20 % con relación al año 2022; Nuestra Señora del Rosario de Chaparral y El Tesoro del Líbano, con un decrecimiento de la matrícula del 17,5 %; Alfonso Arango Toro con 16,8 % de decrecimiento; entre 15,4 y 15,8 % de disminución de su matrícula en La Ceiba de Rovira, San Francisco La Sierra de Lérida y Cualamaná de Melgar.

En contraste, hay 48 instituciones educativas donde se ha logrado sostener o incrementar la matrícula entre un año y el otro. Las otras categorías son las de Alerta Alta, 19 instituciones educativas; Alerta Media 57 y Alerta Baja 82.

Oportunidades que no se aprovechan

Según el Dane, la población en edad escolar que demanda la educación preescolar, básica y media, de 5 a 16 años de edad tiende a disminuir. Eran 160.029 los infantes y adolescentes en el año 2019, antes de la pandemia y ahora son 152.720, lo cual implica una disminución de la demanda potencial de educación de 7.300 personas en este rango de edades  (4,6 % menos), lo cual se convierte en una  oportunidad  para mejorar la cobertura escolar en los 46 municipios no certificados. 

Pero las cifras del Ministerio de Educación Nacional nos dicen, además, que en estos municipios, crece la población estudiantil por fuera ( que no estudia), de 6.820 en el año 2019 a 10.237 en junio del año 2023 en curso, ¿qué pasa con esta cifra? La variación en el número de infantes y adolescentes entre 5 y 16 años de edad que debiera estar estudiando tiende a decrecer, tal como lo dicen las cifras. Pero igualmente hay otras oportunidades que se deben aprovechar para incrementar la cobertura escolar y entre ellas están: la gratuidad educativa, una mayor transferencia de recursos financieros para el gasto educativo si la matrícula se hace en las zonas rurales y una transferencia mayor para estudiantes matriculados en el grado de preescolar de transición.

Por cada estudiante matriculado, la Gobernación puede lograr el incruento en las transferencias que hace la nación a través del Sistema General de Participaciones  (SGP).

Por ejemplo, por un alumno matriculado en el grado de transición de preescolar en la zona urbana, la nación transfiere

$2.796.338.000, pero en comparación, le asigna  $3.635.000.000 anuales si esa matrícula se realiza en la zona rural.

Para un estudiante de grados décimo y undécimo de bachillerato en un plantel ubicado en zona urbana transfiere $2.656.521.000, comparados con $3.453.478.000, si este estudiante se matricula en la zona rural, según datos de Planeación Nacional del año 2022.

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Especial para El Nuevo Día