Pasados 15 días desde que la multinacional Cemex acordó parar sus actividades para solucionar el problema de la línea Uno que estaba ocasionando una afectación ambiental en el corregimiento de Payandé en San Luis, se conoció que el caso escaló a autoridades ambientales del orden regional y nacional.

Asimismo, se puso en conocimiento que una de las peticiones de la comunidad en este caso, es que se contrate una institución de educación superior, como la Universidad Nacional de Colombia, para que adelante un estudio epidemiológico con el fin de conocer o descartar los posibles efectos que puede generar la exposición que tuvieron a material particulado (polvillo negro) en gran cantidad.

El docente y habitante del corregimiento, Heber Meneses, contó que entre las medidas adoptadas por la multinacional en las últimas semanas, tras reconocer la falla ante la comunidad y autoridades locales, fue la de detener las actividades de la línea Uno que estaría entre los sistemas más antiguos.

Asimismo, llamó la atención que inicialmente se dijo que la problemática había sido por una falla humana, sin embargo, en audiencia pública adelantada el 12 de enero un vocero indicó que la situación se originó por el sistema.

Otro de los cuestionamientos, es que Cortolima indicó a comienzos de este mes y tras adelantar una visita, que no encontró evidencia del material particulado que fue denunciado por los habitantes a través de redes sociales.

“Hasta el momento creemos que debe estar en un buen avance el proceso de la parada de la línea Uno, pero dejar en claro que la línea Dos siguió operando y se siguen generando emisiones atmosféricas en esta línea de producción y (hay) emisiones atmosféricas de otros focos generadores de material particulado dentro de la planta, que creemos no está amparados por Cortolima en la licencia de emisiones atmosféricas”, dijo Meneses. 

Expresiones de la comunidad 

La necesidad de un estudio epidemiológico, se  volvió a abordar el 12 de enero a través de una audiencia pública en la que los residentes expresaron sus inconformidades por los daños colaterales que les podría quedar con la explotación de calizas para la producción de cemento.

Algunos ciudadanos expusieron que además del tema atmosférico, también, hay exceso de ruido en las noches y contaminación en el agua.

De la misma forma, mencionaron que al detenerse la producción en la línea Uno, la caída del polvillo mermó, pero no desapareció totalmente, por lo que el interrogante que se planteó es quién garantiza que después de que se haga el arreglo, no vuelva a suceder lo mismo entre uno u ocho días, o en uno o dos meses, “¿cómo nos van a garantizar la no repetición?”, expuso Laureano Peña habitante del corregimiento en el marco de la audiencia.

Por su parte, el mandatario Guillermo Ignacio Alvira indicó que está de parte de la comunidad y en la búsqueda de compromisos puntuales, pues la ciudadanía hace peticiones aterrizadas, como tener una buena salud, pues el municipio no cuenta con los suficientes recursos para atender todas las necesidades.

“Desafortunadamente y como lo he dicho desde que soy alcalde, a Payandé lo que le cayó en diciembre, es lo que le ha venido cayendo siempre, la contaminación y la plata se la lleva Ibagué, toda la plata que paga de Industria y Comercio la empresa Cemex se va para Ibagué, creo que está en alrededor de $10 mil millones y a San Luis le paga 500 mil pesos.

“Lo único que le queda a Payandé y San Luis, es la contaminación que nos deja esa planta y hoy estamos en evidencia”, expresó Alvira en su intervención.

El burgomaestre agregó que ofició al alcalde de Ibagué para que los acompañara en la audiencia y en conjunto buscar alternativas, así sea por medio de convenios, para lograr que alguna parte de esos $10 mil millones sean retornados a las pandayesunos.

De la misma forma, hizo un llamado a la multinacional para que el respaldo que le entrega a sus coterráneos no vaya a generar perjuicios en los acuerdos logrados en otros escenarios entre Municipio y empresa para 2023.

De otro lado, desde la Junta de Acción Comunal del centro poblado de Payandé, la petición a la empresa fue adelantar brigadas de salud de forma permanente tanto en el corregimiento como en las veredas que están alrededor, teniendo en cuenta que la producción que adelanta fue la que los expuso a un riesgo.

La audiencia también se aprovechó para solicitar que las visitas de inspección que adelante la autoridad ambiental sean dadas a conocer oportunamente y se tenga en cuenta a la comunidad para hacer seguimiento, “de nada nos sirve que Cortolima venga, vea la planta y diga que todo está bien, cuando no está bien”, expresó una habitante.

Igualmente, se habló de una compensación, pero para definir qué es lo que se requiere, es indispensable adelantar el estudio y precisar cuál es el tipo de daño a resarcir, en temas concernientes a salud pública y de medio ambiente, tanto en el corregimiento como en las veredas aledañas, dijo la presidente de la JAC de la vereda La Flor.

Explotación por décadas 

La extracción de caliza lleva en esta parte del Tolima un poco más de 60 años. Las primeras cuatro décadas estuvo en operación Cementos Diamante y las últimas dos Cemex Colombia, a pesar de ello, hay necesidades marcadas que se mantienen congeladas en el tiempo en Payandé, como contar con un centro de salud en buenas condiciones y un acueducto que brinde acceso a agua potable.

Estos temas se volvieron a mencionar, pues para los habitantes es injusto el hecho de tener la explotación a menos de 200 metros, en sus cálculos, y que en la actualidad haya familias en hacinamiento, sin contar con atención médica las 24 horas o vías en buen estado.

Otras peticiones fueron kits escolares, mercados, más empleo, “pero nada que estuviera asociado a que se le pidiera a la empresa a que se cesaran las actividades industriales mineras que contaminan y que ponen en peligro la salud de los ciudadanos”, indicó Hebert Meneses.

El hombre agregó que mientras se desarrollaba la audiencia, quedó en video las emisiones de la planta Caracolito “ese es el pan de cada día en Payandé y es lo que no queremos seguir sufriendo nosotros. Puede ser que de pronto quieran llevar brigadas de salud, mejorar el centro de salud, unidad odontológica, ambulancia, los médicos que quieran, necesitamos operaciones sanas, limpias tanto en la mina como en la planta que no perjudiquen a la comunidad (…)”.

Antecedentes

Hace unas semanas en el corregimiento de Payandé se generó gran preocupación por la caída excesiva de partículas de polvillo negro. El hecho desde la multinacional fue atribuido a la falla de un filtro que se detectó entre el 21 y 31 de diciembre. Dicho daño no fue informado oportunamente a la comunidad, por lo que los habitantes no implementaron medidas de contingencia.

En las calles, los techos, carros, al interior de las viviendas e incluso en la iglesia, se empezó a evidenciar capas de polvillo que con el paso de los días se tornaron más gruesas, la situación se volvió recurrente en diferentes sectores, por lo que los casos se empezaron a publicar a través de redes sociales. Algunos habitantes indicaron que era una situación que se empezó a evidenciar desde el 13 de diciembre.

Acompañamiento del Comité Ambiental

En la audiencia también participaron integrantes del ‘Comité Ambiental del Tolima en Defensa de la Vida’, quienes indicaron que es necesario hacer un estudio técnico para evaluar las afectaciones ambientales y socioeconómicas qué causan la actividad de la planta en el territorio, coincidieron en que se debe hacer de forma independiente.

Otros datos solicitados fueron los estudios de impacto ambiental con los cuales la empresa recibió la licencia ambiental, igualmente, el Plan de Trabajo y Obras, PTO y cuestionaron el hecho de que el 5 % de las quemas que adelanta Cemex incluye llantas, plásticos y material hospitalario, por lo que el interrogante planteado es si dicha práctica cuenta con el permiso ambiental.   

El concejal de Ibagué y cofundador del Comité, Jaime Tocora, indicó que llevará el tema a la Corporación de la capital tolimense teniendo en cuenta el tema de jurisdicción, además dejó una reflexión a los habitantes es pensar a futuro que vocación quieren para su territorio, es decir, darle un giro a campos como el ecoturismo a mantenerse en una línea extractiva.

Asimismo, comentó que teniendo en cuenta la historia que ha dejado la explotación se debería estar pensando en una transición a otras actividades.

Y agregó “me comprometo que lo que ha pasado no se va a quedar acá, las afectaciones que ha tenido el municipio en este tiempo no se va quedar acá, vamos a pedir a la Ministra de Ambiente, la Agencia Nacional Minera y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a poner lupa a lo que pasó acá (…)”.

“Las responsabilidades ambientales, son ineludibles”

El Ministerio Público a través del personero de San Luis estuvo presente en este espacio, éste expresó que es preocupante que pasadas varias semanas del hecho aún no se tenga un diagnóstico claro de las afectaciones, pues sin ello es complejo plantear una reparación o compensación eficaz.

Y en parte de su intervención expresó “las responsabilidades ambientales, son ineludibles por parte de la empresa, no son objeto de ningún tipo de transacción por más empleo que puedan generar o inversión que puedan realizar en el municipio, eso no se cambia”.

Tras las serie de peticiones que hizo la comunidad a la multinacional, opinó que esta no puede reemplazar las obligaciones del Estado que es garantizar derechos fundamentales colectivos, económicos, sociales, culturales, entre otros.  

De la misma forma expresó que lo ocurrido desnudó “finalmente una falla colectiva del Estado para proteger a la comunidad de Payandé, como Estado en colectivo creo que no fuimos capaces de protegerla esto pasó y se extendió hasta que la empresa paró sola, mientras tanto nada más sucedió”.

Concluyó indicando que espera que los compromisos tengan plazos sensatos y se evidencien soluciones, al igual que, respuestas.

Compromiso de resarcir afectaciones

Desde Cemex hizo presencia Beatriz Uribe, vicepresidente de Asuntos Corporativos, quien explicó se mantiene la intención de hacer el paro mayor, “el diagnóstico de lo que ocurrió lo hemos presentado a Cortolima, también a la Alcaldía de Ibagué porque el territorio donde se sitúa la operación es Ibagué”.

De la misma forma, pidió a la comunidad entregar un inventario con los datos de la persona, el tipo de daño percibido y el valor estimado de compensación, también, alguna evidencia como una fotografía. “Tenemos toda la disposición para resarcir eso de manera directa”, expresó.

En medio de los diálogos, otra petición hecha fue la apertura de una oficina que permita una mejor comunicación con la multinacional, pues cuando ocurrió la emergencia ambiental la ciudadanía no tuvo a quien comunicar oportunamente, dicha propuesta fue aprobada.

Otro de los compromisos de Cemex es adelantar una jornada de limpieza en coordinación con la Empresa de Servicios Públicos. En temas de salud se entrará apoyar la contratación de un segundo médico para contar con dicho servicio las 24 horas, sobre este tema se consultará a la gerencia del Hospital Municipal, además precisó que durante los días de la emergencia no se habrían aumentado las emergencias, “no hubo comportamiento inusual”, de acuerdo a los reportes que debe enviar el centro asistencial al Instituto Nacional de Salud, comentó.

La vicepresidenta indicó que se buscará ampliar la mesa de diálogos para vincular delegados de las veredas aledañas del área de influencia y que se ven impactados con la operación. De la misma forma, dio a entender el día de la audiencia que buscaría exponer en reunión con la Alcaldía de Ibagué el tema de tributación, teniendo en cuenta que el impacto de la operación se evidencia en territorio de San Luis.

Problemática escaló 

Esta redacción conoció que la Procuraduría Judicial II, Ambiental y Agraria del Tolima, escuchó las denuncias ciudadanas y de las veedurías por lo que pidió a Cortolima y a la Anla documentos de las acciones que implementaron durante la emergencia ambiental.

Asimismo, que la Anla al conocer también lo expresado por la comunidad a través de oficio y soportado con evidencia, solicitó a Cemex evidencia de la atención prestada al momento del hecho, datos que serán tenidos en cuentas en el seguimiento y control ambiental que se hace a la operación.  

“Cemex vive por Payandé, pero Payandé no vive de Cemex”: alcalde 

En diálogo con EL NUEVO DÍA, el alcalde Guillermo Ignacio Alvira explicó que con la audiencia serían tres reuniones hechas con la comunidad para abordar la contaminación por la caída de partículas de la planta de Caracolito ubicada en jurisdicción de Ibagué. 

“Estuvimos debatiendo con Cemex para que nos diera una explicación de qué era lo que estaba pasando y cómo iba a resarcir los daños que estaban causando en nuestro corregimiento”, precisó el burgomaestre. 

Al consultarle por el tipo de daños que han sido reportados hasta el momento, indicó que se conoce que las partículas dañaron la pintura de algunos vehículos, igualmente, se generó escasez de agua en plena época decembrina y en la que se tenía un alto número de visitantes porque las albercas que estaban al aire libre quedaron cubiertas por el polvillo. 

Otras situaciones expuestas por los habitantes, es que al parecer, algunos niños tuvieron brotes en la piel, otras personas habrían reportado problemas respiratorios, suciedad en el ambiente, acumulación de partículas en tejados y cuando llovió se generaron daños en las viviendas.

Mientras que en las veredas las afectaciones recayeron en los cultivos. “Esto es algo a lo cual Cemex tiene que resarcir, lo que ha pasado en el corregimiento de Payandé”, expresó.

En lo que respecta al estudio epidemiológico, Alvira explicó que el Municipio no cuenta con la capacidad financiera para costearlo por lo que junto a la comunidad se pidió a la multinacional aportar los recursos pero que “los envíen a la Alcaldía para poder hacer un convenio, ya sea con la Universidad Nacional u otra universidad para que nos dé un resultado sobre esto.

“Es una petición que les hicimos a Cemex, les pedí que no nos dieran una respuesta en esa reunión (12 de enero) porque sé que es una medida que ellos tienen que estudiar y les pedí un tiempo prudencial para que nos den esa respuesta, que es una de las peticiones más grande que tiene la población de Payandé”. 

En cuanto al pare mayor, mencionó que solo conoce lo que hablan los habitantes y es que fue solo en la línea Uno, “yo no les puedo exigir porque la fábrica está en suelo de Ibagué, entonces poderle exigir a ellos que hagan ese pare, no lo puedo hacer, pero si como comunidad y alcalde”.

Teniendo en cuenta la competencia por jurisdicciones, Alvira expresó “Cemex vive por Payandé, pero Payandé no vive de Cemex. Nosotros enviamos un oficio al alcalde de Ibagué, contándole lo que estaba sucediendo y que él como mandatario puede tomar medidas de prevención para que llame a Cemex al orden y nos ayude a nosotros como comunidad a tomar también unas decisiones”. 

El documento fue remitido la semana anterior, pero hasta el viernes en la tarde no se había recibido respuesta, tampoco, a las misivas enviadas a Cortolima y a la Autoridad de Licencias Ambientales, Anla. 

“Hasta el momento no tenemos nada, ahí es cuando uno se siente como huérfano, impotente de no poder hacer nada porque desafortunadamente por 50 metros no está la fábrica en nuestro municipio.

“Ahí lo único que nos toca es creer en la buena fe de Cemex y que esta le cumpla a una comunidad que se ha visto atropellada por esta empresa desde hace muchos años, esperamos que cumplan el pliego de peticiones”.  

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