Advertencias sobre posibles afectaciones al recurso hídrico, la salud e infraestructura histórica y voces de apoyo, testimonios que traían a colación los beneficios en materia de empleo, educación y el ámbito social, salieron a flote en las audiencias públicas que presidió la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, en el marco del trámite de evaluación a las peticiones presentadas por Cemex para modificar dos licencias ambientales que involucran la explotación de roca caliza y arena puzolánica.

Ayer y el pasado jueves, representantes de quienes solicitaron las audiencias, trabajadores de la compañía, quienes han sido favorecidos por la misma de alguna u otra manera, y comunidad en general se dieron cita en el coliseo del parque principal del corregimiento con el ánimo de brindar su opinión e información frente a los requerimientos de la empresa en cuestión. Cabe decir que las jornadas fueron transmitidas a través de las redes sociales.   

Captura de video presentación realizada por delegado de Cemex / EL NUEVO DÍA Para las 13.1 ha que se planean intervenir en el título minero 745-73 (sombreado con color naranja), Cemex deberá compensar con 61.4 ha. 

Captura de  video presentación realizada por delegado de Cemex / EL NUEVO DÍA En torno al área de intervención para el título 6823 (que está sombreado con color naranja), la compañía plantea compensar con 73.2 ha, debido a que intervendrá 14.9 ha.

Para arenas puzolánicas

En el marco del expediente L-13341, conforme con Cortolima, la empresa pide autorización para la inclusión de nuevas áreas de explotación dentro del polígono minero correspondiente a la fase 4 de explotación, y obtener permiso de emisiones atmosféricas para las fuentes fijas exclusivamente para el PIT de explotación de arenas puzolánicas del proyecto. A su vez, autorización de aprovechamiento forestal y levantamiento de veda.

En su intervención, Camilo Sánchez, director de Sostenibilidad de la compañía, aseguró que actualmente el título minero 745-73 tiene un área de explotación de 6.5 ha, y comentó que el área de modificación “incluirá parte de lo que hoy día está en explotación más una intervención que sumada llega a un 31 % de todo el título minero, 15,4 ha es lo que incluye nuestro proceso de modificación”.

Además, explicó que en tal zona, donde se planea explotar arenas puzolánicas a través de desgarre mecánico, se adelantarían actividades por 30 años y cuyo volumen estimado de explotación, durante ese periodo, corresponde a 1.7 millones de toneladas. 

En cuanto al proceso minero indicó que arrancará en las áreas donde se requiere un retiro de material vegetal y donde “ya hay intervención, o está abierto el pit, podríamos extraer directamente, ese mineral luego de extraído mecánicamente será cargado en el mismo tipo de vehículos que hoy se utilizan, vehículos de tamaño proporcional y que harán cargue de arenas hasta tolva de recepción al interior de la mina, por esa trituradora pasará a las tolvas y luego se transportará hasta la planta de cemento por la bandamina”.

Asimismo, al referirse a los impactos y medidas de manejo, acotó que por orden y tiempo no se entraría en detalle en todo lo que se analiza en el estudio. No obstante, trajo a colación tres componentes sujetos de análisis: abiótico, biótico y social.

En ese marco, enlistó los cambios en la geomorfología del terreno y las condiciones geométricas, ante lo cual indicó que será clave la demarcación de las áreas por intervenir y el manejo de los cortes. Con relación a la modificación de las condiciones geotécnicas y el cambio en las propiedades fisicoquímicas del suelo, expuso que el suelo se usaría, por ejemplo, para realizar restauración en escombreras.

En torno a la alteración a la calidad del aire y en los niveles de presión sonora reseñó el debido mantenimiento de los equipos, el monitoreo de la emisión de ruidos y la humectación de las vías. Respecto a las acciones ante la afectación de fauna y flora mencionó el ahuyentamiento de fauna, la revegetalización, el rescate y reubicación de las especies de flora en veda vascular. 

Y en el término social, el ingeniero ambiental se refirió a los programas de educación ambiental y fortalecimiento de la gestión interinstitucional y a las tareas de seguimiento al programa de manejo de expectativas.

“Habrá una restauración en todo el perímetro de lo que conocemos como lago y en el fondo se propone dejar un lago que sería para el uso y disfrute junto con una reserva ecológica y una plataforma para el avistamiento y recreación”, concluyó Sánchez. 

La roca caliza, otro caso

En lo concerniente al Expediente No. L-13341 y el título minero 6823, Cemex solicita, según Cortolima, incluir nuevas áreas de explotación dentro del polígono en , modificar el permiso de emisiones atmosféricas e incluir concesión de aguas superficiales, permisos de vertimientos, ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y levantamiento de veda.

Para este caso se habla de un área de intervención de 26.8 ha y según el relato del delegado de la compañía, se piensa extraer caliza por medio de bancos descendentes y desprendimiento por voladura, por 30 años, periodo para el que se estima un volumen de explotación de 18.9 millones de toneladas.

De acuerdo con el director de Sostenibilidad, tras efectuar el “barrenado o perforaciones, se hace organización para hacer el desprendimiento por voladura. Este proceso se hace con un diseño específico, cumpliendo los reglamentos y midiéndose con una norma internacional para evitar que las vibraciones generen problemas fuera de nuestra explotación”. 

Al igual que con la otra licencia, sostuvo, en términos de impacto, los cambios en la geomorfología del terreno, el cambio de las condiciones geotécnicas, el componente atmosférico y social, y la afectación a la flora y fauna, y sus respectivas medidas.

Testimonios

Entre los comentarios que salieron a flote en las audiencias públicas estuvo el del alcalde de San Luis, Guillermo Ignacio Alvira, quien dijo no estar en contra de Cemex sino del lado de la comunidad. Así pues, exigió a la compañía cumplir con lo que considera es la gran deuda social que tiene con los pobladores. 

“Hoy Payandé no vive solo de la minería, sino del turismo, uno que vive creciendo a pasos agigantados en nuestro corregimiento y como alcalde vamos a trabajar para que siga creciendo y no dependamos al 100 % de la minería, sé que Cemex es indispensable para el corregimiento pero a futuro debemos ir dejando la minería”, señaló el mandatario.

En cuanto a ciudadanos que mostraron su rechazo a las solicitudes de modificación aparece el caso de Tania Gutiérrez, quien dijo pertenecer a la veeduría ‘Payandé está viva’ y aseguró no estar de acuerdo con las peticiones toda vez que, en su concepto, la empresa no ha cumplido con compromisos. Además, criticó el estudio de impacto ambiental.

En esa misma línea se pronunció Luis Cabezas, quien consideró que las zonas referenciadas por Cemex pueden afectar “infraestructura histórica y yacimientos arqueológicos prehispánicos”. Entretanto, Sergio Prada, reconoció la labor de la compañía en la comunidad y acotó que “no nos estamos oponiendo a que la empresa trabaje, lo que queremos es que lo haga de manera responsable y digna”.

Por otro lado, hubo quienes se mostraron a favor de la inclusión de nuevas áreas de explotación y expusieron los beneficios que trae consigo la actividad de Cemex en la población en materia de educación, empleo, proyectos, entre otros.

Uno de las participaciones que podría condensar tal visión fue la realizada por Julio Peña, quien expresó que: “Todos en el pueblo tenemos un familiar o amigo que depende de esa actividad económica, sea directa o indirectamente, no solo los que trabajan en la mina y en la fábrica, sino también de restaurantes, hoteles y conductores”. 

 En ese orden de ideas, mientras algunos hacían referencia al progreso, otros, como Pedro Martínez, se preguntaron: “¿pero a cambio de qué?”.  De hecho, el concejal Jaime Tocora, requirió revisar cuántos de los participantes eran funcionarios de la empresa ante lo que consideró un posible conflicto de intereses.

“Acá no hay presencia del Estado, la multinacional no es la que tiene que empezar a garantizar el acceso a la educación, salud, vivienda, tiene que ser el Estado”, apuntó el cabildante.

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