Atendiendo a un derecho de petición relacionado con presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental del Tolima, recientemente solicitó información a la Alcaldía de San Antonio.

A través de un oficio que conoció esta redacción, el ente de control requirió a la Administración municipal encabezada por el mandatario Jorge Iván Vásquez Martínez las actas de inicio, suspensión, finalización y recibo, y facturas de compra, soportes de pago, certificados de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal y link de acceso al Secop de 45 contratos.

Según señala el documento, para 2020, por un valor total de $639.526.499, reseña nueve contratos, mismo número que en 2021, el cual representa $2.458.887.591. En cuanto a las vigencias 2022 y 2023, se identifican 17 contratos ($2.215.558.344) y 10 contratos (461.972.963), respectivamente.

Asimismo, la Controlaría pidió allegar, con relación a ocho contratos, los soportes de pago de los descuentos realizados al valor neto del contratista. A su vez, solicitó información detallada del parque automotor del Municipio durante el periodo 2020 - 2023.

“Especificando el número de placa, nombre e identificación del conductor, número de teléfono y dependencia a la cual se encuentra asignado o en donde se encontraba o encuentre cumpliendo sus funciones. Además, allegar copia de la tarjeta de propiedad, la Bitácora de cada uno de ellos y la correspondiente Hoja de vida”, reza el oficio.

Más peticiones

Teniendo en cuenta seis contratos de suministro de combustible, la entidad solicitó el cronograma de trabajo de los vehículos a los cuales se les suministró y suministra el combustible, así como copia de los recibos de tanqueo por cada vehículo.

En cuanto a la ‘Construcción de placas huellas en la zona rural de San Antonio, en virtud del convenio 675 del 12 de noviembre de 2021 suscrito con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la Paz’, que corresponde al objeto del contrato de obra 129 de 2022, también se requirió información.

A ellos se suman, entre otros, contratos en torno a reparación y mantenimiento de maquinaria; reparación de alcantarillado de Playarrica; construcción de obras de contención en viviendas afectadas por la ola invernal en las veredas Vino Llano Grande y Carrasposo; suministro de materiales para la atención de familias afectadas por los fenómenos naturales.

Adicionalmente, el ente de control requirió allegar los acuerdos municipales expedidos por el Concejo Municipal durante las vigencias 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, al igual que los actos administrativos proferidos por la Administración municipal durante 2020, 2021, 2022 y 2023. También pidió la certificación de la mayor, menor y mínima cuantía en la contratación para el periodo 2020 - 2023.

Por último, la Controlaría recordó que ante el hecho de no proporcionar en forma completa y oportuna la documentación, dentro de las atribuciones del Contralor General de la República se establece la de “imponer sanciones desde multa hasta suspensión a quienes omitan la obligación de suministrar información, impidan u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, o incumplan las obligaciones fiscales previstas en la ley”.

Dato

Esta redacción intentó establecer comunicación con el alcalde Jorge Iván Vásquez, con el ánimo de conocer su posición frente al tema, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.