La Unión Patriótica del Tolima expresó su profundo rechazo y preocupación ante la decisión de la gobernadora Adriana Magali Matiz de nombrar al exgeneral Eduardo Zapateiro como asesor de seguridad para el departamento.

Aseguran que esta designación no solo es un agravio a la memoria de las víctimas de la violencia estatal, sino también una apuesta peligrosa por el militarismo como solución a los problemas sociales y de seguridad. Asimismo, expresaron que Zapateiro, “lejos de representar valores de paz y respeto por los derechos humanos, simboliza una era marcada por escándalos de corrupción, intervención indebida en política y el lastre de las violaciones a los derechos fundamentales cometidas por sectores del Ejército Nacional”.

Asimismo, añaden que el Tolima, tierra de resistencia, cultura y dignidad, no puede ser sometido a modelos de seguridad que priorizan el miedo sobre la justicia y la militarización sobre la inversión social. “Nuestra región necesita políticas integrales que fortalezcan la educación, el empleo y el diálogo con las comunidades, no la importación de figuras asociadas a un pasado que el país intenta superar”.

Leer: Lanzan ofensiva contra la delincuencia en El Espinal tras recientes hechos de violencia

El colectivo rechaza esta decisión pues afirman que lejos de garantizar la seguridad de los tolimenses, perpetúa viejas fórmulas fracasadas. También realizan un llamado a la gobernadora para que “recapacite y escuche las voces del pueblo, que claman por justicia social y construcción de paz, no por más botas marchando sobre sus derechos”. 

Por su parte, El Frente Amplio en Defensa del Cambio en el Tolima conformado por los movimientos populares, integrado por más de 60 organizaciones políticas alternativas y procesos sociales, expresó su rechazo al nombramiento del general retirado Eduardo Zapateiro como asesor de seguridad de la Gobernadora Adriana Magali Matiz. Aseguran que su historial de declaraciones y acciones dan testimonio de una sistemática estigmatización a los diversos movimientos sociales, lo cual vulnera los derechos humanos y es un atentado contra los principios democráticos.

También aseguran que el nombramiento del exgeneral profundiza la visión guerrerista y es contraria a la reconciliación y la paz con justicia social; debilita la confianza en las instituciones y alejan al departamento del camino de la paz y la democracia. “Instamos a la Gobernación del Tolima a reconsiderar esta decisión y garantizar que estos cargos sean ocupados por personas comprometidas genuinamente con la defensa de la Constitución Política de Colombia y la garantía de los derechos humanos”. 

Leer: Importante vía del norte del Tolima está cerrada por fuertes lluvias

“Una sociedad justa y democrática no puede construirse con quienes han simbolizado la polarización y la estigmatización de las juventudes, campesinado, defensores de DDHH y las víctimas del conflicto armado. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la paz y la justicia social, y exigimos que las decisiones gubernamentales reflejen estos principios”, puntualiza el comunicado.