La Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la República adelantaron una audiencia pública con el objetivo de mostrar una radiografía del proyecto Distrito de Riego Triángulo del Tolima, obra que, a pesar de estar sin terminar y sin funcionamiento oficial, está siendo utilizada para regar cultivos de arroz principalmente.

Los organismos de control y la Red Institucional de Apoyo de las Veedurías solicitaron a la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, y a las instituciones que están involucradas, un verdadero compromiso con el proyecto y concretar qué y cuánto recurso se necesita para desarrollar la fase III; del mismo modo, definir las acciones que hacen falta y establecer qué entidades son las responsables de adelantar cada tarea.

A este pronunciamiento se unió el resguardo indígena Chenche Amayarco, que participó en la audiencia a través de varios delegados y de los alcaldes de Coyaima y Natagaima, quienes relataron que se sienten ignorados en un proceso que se suponía iba a traer beneficios, pero que con el paso de los años se convirtió en una ‘cruz’.

Los problemas detrás del proyecto

Además de buscar los $500 mil millones que se necesitan para terminar obras, miembros del resguardo indígena Chenche Amayarco de Coyaima expusieron los problemas que se derivaron de la construcción del distrito de riego.

Juan Carlos González, integrante del resguardo, contó que la decisión de ceder el territorio para la creación del embalse fue un mal negocio, porque terminaron siendo reubicados a más de cuatro horas del proyecto.

A pesar de ello, le siguen apostando al Triángulo. “A nosotros no nos sirve que nos vengan a echar un discurso o que organizaciones sociales vengan a decirnos que esto es un problema. Lo que queremos es ver una solución y ahora lo que nos resolvieron fue como bañarnos y lavar la ropa.

“No nos está dando un solución real para cultivar y tener nuestro pancoger”, comentó González.

Por su parte, Ninfa Poloche Tique, miembro de la veeduría del resguardo Chenche Amayarco, dijo que a raíz de la construcción de la presa se desaparecieron dos vías y nadie responde, “estamos totalmente embotellados en Amayarco, porque no tenemos carretables para salir, nos toca hacer una serie de vueltas”.

Además de ello, en la actualidad existirían indígenas dueños de predios, a los que el Gobierno nacional no les ha terminado de pagar la tierra ni las mejoras.

A este panorama se suma que las comunidades Amayarco, Balsillas y Zanja Honda padecen por los malos olores que surgen del embalse, debido a que el Incoder en su momento autorizó el llenado, pero los encargados no retiraron los árboles ni el material vegetal, lo que originó que la madera se descompusiera dentro del agua y hoy se generen olores nauseabundos.

Riego improvisado

Pero los problemas no terminan ahí. En recorrido llevado a cabo por EL NUEVO DÍA al distrito de riesgo, se pudo evidenciar que el agua que circula por los canales es jalada a través de motobombas y mangueras improvisadas, para regar, especialmente, cultivos de arroz.

Sobre este hecho, los entes de control emitieron una alerta, porque además de estar cayendo en una práctica ilegal, estas tierras no son aptas para dicho tipo de siembra, lo que puede ocasionar que la aridez se acentúe aún más y en unos años ya no se pueda cultivar.

Y el aumento de siembra de arroz se debería a que los productores no están pagando por el agua, igualmente, el arriendo de predios es bajo comparado con el de otros territorios.

Sobre este último tema, algunos lugareños le indicaron a esta redacción que existirían casos en los que se usan diferentes métodos para obligar a los campesinos e indígenas a arrendar sus tierras.

Sin enfoque diferencial

Por su parte, el alcalde de Natagaima, Jesús Alberto Manios, expuso que a pesar de los problemas de pobreza extrema que tiene su población y la de Coyaima, nunca son tenidos en cuenta por el Gobierno nacional, por lo que espera que este proyecto, que es visto como una oportunidad de progreso para una zona olvidada, no se convierta en un ‘elefante blanco’.

“Hay una inversión alta de recursos públicos y consideramos que es necesario e importante para la región poder alcanzar su culminación y ordenarlo de una manera eficiente, que permita dar un vuelco a ese porcentaje de pobreza multidimensional que tenemos”, comentó Manios.

De otra parte, el burgomaestre explicó que actualmente está revisando la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que existiría un detrimento que perjudica directamente a la población indígena.

“Nos vemos expuestos a recurrir ante la Comisión, por el desconocimiento del enfoque diferencial y por la afectación que podría generar la no terminación del proyecto”, sostuvo.

Manios agregó que se está a la espera del fallo del proceso de acción popular que instauró la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria y a la que se sumará Natagaima.

¿Triángulo de las Bermudas?

En 2016 el entonces ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, comparó esta obra con el Triángulo de las Bermudas, pues los recursos que se destinan para avanzar se desaparecen. Y precisamente en la audiencia se habló de las contrataciones firmadas en los últimos años para temas de mantenimiento, operación y administración.

El mandatario de Coyaima, Oswaldo Alape, expuso que en 2015 se contrató la limpieza a la presa Zanja Honda por $480 millones, pero su ejecución no alcanzó al 95%; por ello, tras denuncia de Incoder, la Contraloría identificó más de 10 hallazgos penales, fiscales y disciplinarios.

Y en cuanto al contrato actual, Alape cuestionó el hecho de que el Consorcio Obras Triángulo tenga, solo en costos de personal profesional, un gasto de mil 48 millones de pesos, cifra a la que se le deben sumar el valor de personal técnico y auxiliar, primas de localización y costos de viáticos, según información de costos entregada por la ADR. 

“En la audiencia hice saber a los entes de control (del caso) y solicité una auditoría especial, porque no es justo que cinco profesionales contratistas se gasten más del 40% de los más de $3 mil millones (destinados)”, precisó.

Ante dicha crítica, el interventor del contrato dijo que a corte de 23 de noviembre se lleva una ejecución del 73 por ciento de lo contratado y que se pagaría en total al 31 de diciembre mil 200 millones de pesos, pero por 35 empleados.

Balance audiencia

Al finalizar la audiencia, la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios solicitó a la ADR el listado de bienes que fueron hurtados durante el tiempo en que el Triángulo estuvo sin administración y el costo de los elementos perdidos.

Del mismo modo, el Ministerio Público explicó que si se piensa en una alianza público privada, se debe ir avanzando en la radicación de un proyecto ante el Departamento Nacional de Planeación, por lo tanto solicitó empezar a adelantar el proceso. Otros de los llamados de atención que hizo la Procuraduría consisten en que no se está prestando atención en los proyectos de adecuación de tierras y que pareciera que el Triángulo es una propuesta sin “dolientes”.

Por su parte, el director de la ADR, Carlos Géchem, indicó que el distrito sí tiene dolientes y que se está trabajando para conseguir el recurso faltante.