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El escándalo de cada día: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; intercambio de votos en el Congreso por puestos y contratos; financiación ilegal de campañas políticas, siendo el último el del extrañamente llamado Papá Pitufo; el tráfico de influencias de congresistas para poner fichas en la aduana y en la POLFA, no permite hacer el análisis de las causas estructurales por las que la corrupción se ha convertido en un mal sistémico.
Hay que decir en primer lugar que por el vértigo diario en los medios y, lo que es peor, en los organismos de justicia, no se les hace el seguimiento debido y, con la desmemoria colectiva, uno va tapando el otro.
Los protagonistas de los casos saben que solo les basta esperar a que pase el “chaparrón” para luego volver a aparecer en el escenario amparados bajo el manto del olvido, incluso para hablar del mal de la corrupción y hasta para proponer consultas anticorrupción.
Muchas de esas causas tienen que ver con los fenómenos que analizo en mi libro y que conducen al bloqueo de la democracia.
Parecería que una es la Constitución formal y otra, la real. En la Constitución, por ejemplo, está señalada la división de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, pero en la práctica no existe por el clientelismo pues en los distintos gobiernos -no solo en éste- a los parlamentarios se les dan puestos o entidades para que las manejen a su antojo con la condición de que apoyen los proyectos de gobierno.
Aun cuando ha ocurrido en los últimos tiempos, no por eso deja de ser un factor de distorsión en una democracia. En cierta forma se ha presentado la “injusticia” de que, por esas generalizadas prácticas, solo han sido procesados unos cuantos que para su infortunio se han dejado “pescar”.
Lo mismo pasa con un hecho atado al anterior que es el tráfico de influencias, consagrado expresamente en la Constitución del 91 como una de las causales de pérdida de investidura. Últimamente, son muchos los casos en que parlamentarios han sido desinvestidos por el Consejo de Estado por cuenta de esa práctica.
Si la justicia -cada una en el ámbito de su competencia- y en cuanto tiene que ver con parlamentarios, analizara la lista que celosamente guardaba el entonces director de la DIAN y hoy ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, tendríamos varios procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia y, de otro lado, la revocatoria de facto de por lo menos una quinta parte del Congreso.
No puede decirse de manera general que hacer recomendaciones para puestos, sobre todo si es en la aduana, no constituya conducta delictuosa. Depende de quien la hace, a quien y para qué. No es lo mismo las recomendaciones que en ese sentido haga un particular a otro o un servidor público a otro del mismo rango, que si quien “recomienda” es un congresista que tiene una posición privilegiada frente a funcionarios de la administración. Es diferente mencionar un nombre para dirigir el Museo Nacional o la orquesta Sinfónica que, para un puesto de dirección de aduanas en Buenaventura o Barranquilla.
Me viene a la memoria una situación de la que fui testigo cuando tenía oficina con uno de mis mentores, el gran jurista y político Jaime Castro, entonces senador de la República, el hijo de uno de sus electores en Boyacá fue a pedirle puesto y cuando el senador le preguntó dónde, le respondió con desparpajo: “en la aduana Dr. solo por seis meses mientras me cuadro y luego le devuelvo el puesto”. Sobra decir que el honrado senador Castro mandó al cuerno de la luna al aspirante corrupto. ¿Para qué pide un congresista una dirección de aduanas?
La inexistencia de responsabilidades políticas es otro de los factores que facilitan la corrupción. Lo mismo, el sistema “bloqueado” que tenemos para juzgar al presidente y otros altos funcionarios del Estado.
El que los partidos políticos tengan una representación en las administraciones es normal en cualquier democracia. Cuando no hay partidos -como ahora- surge el clientelismo al detal, causante ese sí, de la corrupción y el cohecho político. Si en verdad queremos combatir la corrupción debemos desbloquear esta democracia, empezando por tener partidos de verdad y no estas microempresas electorales sin sustancia ideológica y programática y sin responsabilidades políticas.
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