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El acto, revestido de una gran solemnidad por la presencia de magistrados y exmagistrados de las altas cortes; la fiscal general; el procurador general; la defensora del pueblo; profesores de derecho constitucional; el expresidente de la Corte, Humberto Sierra Porto, entre otros; sirvió para reexaminar el control constitucional, los orígenes de la Corte y su papel fundamental para la preservación del Estado de Derecho en una coyuntura particularmente convulsionada de nuestra historia. Además, se le hizo un merecido homenaje al profesor Carlos Restrepo Piedrahita, considerado el gran maestro de los estudios constitucionales en el país.
Varias reflexiones surgieron en el desarrollo de este evento académico. El presidente de la Corte y gran profesor, Ibáñez Najar, hizo una documentada presentación que demostró que, contrario a lo que se piensa, la Corte Constitucional no fue espontánea creación de la Carta del 91 sino el resultado de un proceso con muchos protagonistas. Irónicamente, fue el dictador Rojas Pinilla el que, en 1956, por Estado de Sitio, creó una Sala de Negocios Constitucionales, nombrada por él, dentro de la Corte Suprema que fallaba directamente sobre asuntos constitucionales.
Darío Echandía y López Michelsen, en 1957, plantearon la conveniencia de su creación. López repitió esa idea en la llamada comisión Echandía pues era uno de los fines perseguidos con la Constituyente que le tumbó la Corte en 1978.
En la reforma constitucional propuesta por Lleras Restrepo, aprobada en el 68 con el liderazgo intelectual del profesor Restrepo Piedrahita, la Corte Constitucional fue aprobada en primera vuelta. En la segunda, se cambió por la Sala Constitucional que redactaba los proyectos para la Sala Plena de la Corte Suprema que decidía.
En el proyecto que impulsó el presidente Barco en 1988 y que se vio precisado a retirar en el séptimo debate para no ceder a los narcotraficantes que con el terrorismo querían acabar con la extradición, también aparecía la Corte Constitucional. Luego su creación en el 91 era un hecho prácticamente “cocinado” y naturalmente, un gran avance para el control constitucional y la garantía de los derechos fundamentales, principalmente con el mecanismo de tutela, aun cuando como lo reveló hace cuatro años el expresidente de la Corte, Antonio Lizarazo, ya para entonces las sentencias eran incumplidas en un 60%. El presidente Ibáñez nos dio un dato curioso: uno de los constituyentes del M19, José María Velasco Guerrero, -que al igual que María Teresa Garces, su defensora, María Mercedes Carranza y Alfredo Vásquez Carrizosa, venían del conservatismo- se opuso a la creación de la nueva Corte.
Quedó claro con las varias exposiciones -incluida la de Juan Carlos Esguerra - que, contrariamente a lo que algunos creen, el control constitucional no surgió, aun cuando sí se perfeccionó, en 1991.Tuvimos casi cien años de jurisprudencia constitucional tanto de la Corte Suprema -que por lo demás tumbó muchas leyes y dos reformas constitucionales- y del Consejo de Estado.
El sistema de integración de la Corte ha funcionado y hay que reconocer que si bien muchas de sus decisiones han sido divididas -ocurre en toda corporación judicial plural- las diferencias no han estado fundadas en apoyo o ataque a los gobiernos de turno. Como es apenas natural, ha habido decisiones controvertidas, pero no por razones políticas.
La constituyente María Teresa Garces, hizo dos aplaudidas recomendaciones a la actual Corte: no comunicar las sentencias antes de que sean aprobadas con los salvamentos de votos y, escribir corto.
Para los momentos que estamos viviendo, el anfitrión, el rector Hernando Parra Nieto, remató con una lapidaria frase del profesor Restrepo Piedrahita: “Vale la pena vivir y batallar por Colombia. Qué regocijante es sentirse colombiano. ¡Sintámonos orgullosos por Colombia! Aún en las horas de su más infausta desdicha”.
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