De tanto repetir frases como “conflicto armado”, “negociación política”, “paz” y hasta “Constituyente” se ha ido perdiendo el sentido real de cada uno de esos conceptos y, por momentos, hemos caído en una verdadera torre de babel.
El asesinato del director de la Modelo, coronel (R) Elmer Fernández, en condiciones de indefensión y desamparo, ha vuelto a poner en la agenda pública el recurrente tema penitenciario.
En medio de la avalancha de escándalos de los últimos días, pasó inadvertida la conmemoración de los 67 años de la caída de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957.
A raíz de los señalamientos de corrupción que comprometerían a funcionarios del más alto nivel del Estado, el presidente Petro ha anunciado la convocatoria a una “mesa técnica” para combatir los casos de corrupción. Aun cuando la intención puede ser buena, no es el camino más eficaz.
Se cumplieron ayer los cuarenta años del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, hecho que marcó el comienzo de la arremetida del narcotráfico contra quienes se les atravesaran en sus protervos propósitos, en medio de una sociedad que, social y económicamente, toleraba a estos “nuevos ricos”.
En la agenda política y mediática de estos días se habla mucho de las investigaciones en distintas instancias estatales a propósito de denuncias sobre posible financiación ilegal del Pacto Histórico, tanto en la campaña al Congreso, como a la Presidencia de la República en el 2022.
El título de esta columna corresponde al de la obra publicada en marzo del año pasado, en la editorial Ibáñez, por el Registrador Hernán Penagos Giraldo. A diferencia de otros - y ha tenido todos los títulos- Penagos, no se hace llamar profesor -y menos para sacar réditos políticos- pero lo es de verdad en temas de derecho constitucional y electoral.
Por convicción, y por mi cercanía tanto a Luis Carlos Galán como a su familia, me cuento entre quienes estuvieron de acuerdo en la devolución de la personería al Nuevo Liberalismo, no solo porque la razón de su reincorporación al liberalismo -cuando era un partido de peso en la Nación- estuvo atada al mecanismo de la consulta para escoger el candidato, que se rompió abruptamente por su asesinato por los narcotraficantes que temían su extradición con la complicidad de fuerzas políticas y de agentes del Estado, sino por otras razones jurídicas de peso que reconoció la Corte Constitucional.
Más allá de las puntuales y fundadas críticas al gobierno que preside: desconexión con los ministros, baja ejecución presupuestal, prevalencia de los discursos sobre la acción, amiguismo en la integración de los mandos del Estado, descoordinación entre funcionarios, falta de tacto en el manejo de la agenda legislativa, pésimo manejo del servicio exterior, lunares en la llamada paz total, falta de control territorial, entre otros, nadie puede desconocer la gran habilidad política del jefe del Estado que no va pareja a sus condiciones como gobernante.
