El sistema penitenciario y carcelario afronta la más grave crisis humanitaria de la historia reciente del país y el proyecto de Ley para reformar el código penitenciario y carcelario que se discute en el Congreso no ofrece soluciones de fondo para afrontarla. Por eso desde la Defensoría del Pueblo le hemos recomendado al Gobierno declarar la emergencia social para enfrentar los intolerables niveles de hacinamiento, los problemas de salud y los graves efectos de estos en la garantía de los derechos fundamentales de la población reclusa. 

Aunque el problema carcelario no es nuevo y nos acostumbramos a vivir con niveles de hacinamiento cercanos al 30%, desde la Defensoría del Pueblo hemos venido registrando con preocupación que luego de la entrada en vigencia de la Ley 890 de 2005 y de la Ley 1453 de 2011 (de Seguridad Ciudadana) la situación ha llegado a niveles críticos que podrían poner en riesgo tanto el bienestar de la población carcelaria como el de la sociedad en su conjunto. 

Hoy 14 cárceles están cerradas de manera total o parcial por órdenes de jueces, mediante fallos de tutela, a la par que el nivel de hacinamiento en el orden nacional llega al 55% y en algunas cárceles como la de Riohacha alcanza el 400%. 

Es loable el trabajo que vienen adelantado el Ministerio de Justicia y el Inpec, sin embargo, esta situación exige recurrir a las medidas extraordinarias que el artículo 215 de la Constitución Política, le ofrece al Presidente de la República cuando se registren hechos sobrevinientes que pongan en riesgo a la sociedad, como el cierre de cárceles y la avalancha de tutelas por la violación de los derechos humanos de la población reclusa. 

De la misma forma, en los pasillos de las URI en Bogotá y de los edificios donde se administra justicia en diferentes ciudades del país ya se registra hacinamiento porque en estos lugares de paso los detenidos deben permanecer varios meses mientras se encuentra un cupo en los centros de reclusión. 

Ahora bien, no se trata de una simple emergencia carcelaria, la cual podría ser decretada por el director del Inpec con autorización del Ministerio de Justicia, sino de una emergencia social mediante la cual el Gobierno expediría decretos con fuerza de ley para, entre otras medidas, pueda nombrar jueces de ejecución de penas que reduzcan el represamiento de las solicitudes de libertad o la consecución de terrenos apropiados para construir nuevas cárceles bajo la figura de contratación directa. 

Con la declaratoria de la emergencia social, el Estado colombiano podría devolverle la dignidad a la población reclusa, que si bien es cierto tiene que pagar por sus errores lo debe hacer en condiciones dignas. 

Valga el momento para recordar al filósofo israelí Avishai Margalit quien asegura que para saber qué tan decente es una sociedad se requiere visitar sus hospitales y cárceles para verificar el respeto por los derechos humanos. Es claro que estamos lejos de serlo, pero tenemos una oportunidad de oro para transformarnos en una sociedad decente.