Se conmemoraron ayer seis años de la masacre de mis compañeros, los 11 diputados del Valle asesinados por las FARC cuando una columna del frente 29 irrumpió sin avisar al campamento custodiado por el frente 60, y alias "El Grillo" cumplió la orden perentoria del secretariado de asesinar los secuestrados si no alcanzaban a sacarnos con vida en caso de un rescate. 

El pasado 5 de mayo se cumplieron 10 años de la masacre de Urrao (Antioquia), en la que las FARC asesinaron a Gilberto Echeverry (exministro de Estado), Guillermo Gaviria (exgobernador y líder del movimiento de la no violencia en Colombia) y otros 10 secuestrados indefensos integrantes del Ejército Nacional. 

El pasado 2 de mayo se cumplieron 11 años de la masacre de Bojayá (Chocó), que dejó 79 muertos y 125 heridos (48 de las víctimas fueron niños) por cuenta de un cilindro bomba cobardemente disparado contra la iglesia del pueblo en momentos en que las FARC perseguían a un grupo paramilitar que también cobardemente se refugió entre la población civil. De esta manera, podríamos seguir recordando actos de barbarie que avergüenzan la memoria colectiva y nos presentan ante la historia como una de las sociedades más bárbaras del planeta. 

Las masacres de Urrao, Bojayá, Diputados del Valle, y muchos otros delitos atroces están en alto riesgo de quedar en la impunidad como consecuencia de los acuerdos de las FARC y el gobierno colombiano en La Habana. 

También son largas y vergonzosas las listas de masacres y violación de DD.HH. perpetradas por grupos paramilitares y agentes del Estado que hoy todavía continúan en la impunidad. La violencia no cesa ni ha cesado en los últimos 50 años. Las heridas siguen abiertas y los dolores acumulándose en la historia porque los verdugos nunca han pedido perdón a sus víctimas y el Estado colombiano, con buenas intensiones pero sin recursos suficientes, apenas empezó a promover una muy loable e histórica intervención sicosocial (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) que quizá permita a las víctimas retomar su proyecto de vida, ser integralmente reparadas y garantice que el hecho perturbador no se repita. 

Los colombianos anhelamos la paz, pero estamos profundamente divididos en torno a la forma y los métodos para lograrla. El péndulo de la opinión lo impulsan líderes y medios de comunicación de un extremo a otro, de la guerra a la paz, de la solución política a la solución militar, y viceversa, sin ninguna profundidad ni rigor en el análisis, y sobre todo, sin ningún respeto por las víctimas atrapadas en el medio.

Algunos dirigentes han hecho de la guerra y el odio empresas con réditos políticos y económicos. Otros han hecho lo mismo con la retórica de la paz y la reconciliación. No faltan dirigentes que, apoyados en algunos formadores de opinión, siguen jugando sin conmiseración con el sufrimiento ajeno; no tienen escrúpulos para proponer mano dura, más violencia y más guerra, o del otro lado, inaceptable impunidad, perdón y olvido para crímenes atroces.

(…). Pienso que llegó la hora de escuchar a la sociedad civil y a las víctimas que son las que han pagado el precio más alto por vivir en Colombia durante este infame y prolongado periodo de guerra. El Gobierno y sus negociadores hoy tienen que recordar dos aspectos elementales para lograr un verdadero tratado de paz o acuerdo sobre lo fundamental: 

1. Que no pueden alegremente repartir perdones por delitos atroces, jurídicamente porque el Tratado de Roma lo prohíbe, y filosóficamente porque sólo las víctimas están legitimadas para perdonar y ninguno de los que están en La Habana puede hacerlo por ellas. 
2. Que los cambios y reformas que requiere una nación no pueden acordarse, y mucho menos decidirse en un acuerdo con un grupo armado ilegal que sólo representa al 1x100 de la población. Esas definitivas reformas y transformaciones sólo pueden acordarse en una constituyente que es el único mecanismo de participación ciudadana que garantiza la representación de toda la sociedad civil, la discusión profunda, reflexiva y ponderada de decisiones tan importantes para el futuro de las nuevas generaciones de colombianos. 

Oponerse a la participación ciudadana como mecanismo decisorio de nuestro futuro, negarse a escuchar a las víctimas y permitir impunidad para delitos atroces son, en mi humilde criterio, las graves amenazas que pueden deslegitimar y malograr esta histórica oportunidad para construir un verdadero tratado de paz.