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Del tratamiento que se le dé a este campo depende, en buena parte, el futuro del país. Necesitamos preparar de la mejor manera posible a nuestros jóvenes, so pena de quedarnos sin futuro.
La crisis que atraviesa el ICETEX amerita atención. Esta semana, 186 mil jóvenes en etapa de pago fueron notificados de un severo incremento en la tasa de interés de sus créditos, que pasó del 12 al 17 por ciento, debido a que el Gobierno no podía continuar subsidiándola. La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) estima que serían 300 mil las personas afectadas. El Gobierno se escuda en la situación fiscal del país (que evidentemente no es buena), y el presidente Petro culpa a la Corte Constitucional por haber declarado inconstitucional el artículo 95 de la reforma tributaria de 2022, aduciendo vicios de trámite. Sin embargo, esta afirmación es inexacta, ya que dicha norma beneficiaba a estudiantes en tiempo de estudio, no a quienes ya están pagando los créditos. Y no está bien que el Presidente haga esto, pues desvía la discusión, que es mucho más profunda y compleja.
La crisis tiene múltiples orígenes, que incluyen problemas financieros y decisiones gubernamentales. Entre ellos, los préstamos del Banco Mundial, contratados bajo los gobiernos de Uribe, Santos y Duque. En 2008, el ICETEX recibió un préstamo para financiar el programa de Acceso con Calidad a la Educación Superior (ACCES). Sin embargo, esta institución se comprometió a pagar un sobrecosto significativo por cada dólar prestado, lo que generó una deuda muchísimo mayor a la recibida. Desde hace varios años, los estudiantes, a través de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACRES), vienen reclamando una reforma estructural a esta entidad, pero el Gobierno no la ha abordado. Es una situación que afecta principalmente a estudiantes de ingresos bajos, que constituyen la mayoría de los beneficiarios de los créditos. Resulta inconcebible que no se haya tomado acción, considerando todas las promesas de campaña hechas a la juventud.
La obsesión del Gobierno es ampliar los cupos en la universidad pública. Y está bien. El problema es que no ha logrado cumplir su promesa de 500 mil nuevos cupos, pues no ha podido pasar de 150 mil. Hay quienes aseguran que el número real es de apenas 65 mil. Tampoco ha cumplido con los giros de gratuidad. Además, es prisionero de un prejuicio ideológico: creer que quienes estudian en las universidades privadas son “ricos” y en las públicas, “pobres”. Nada más equivocado. En la Universidad de Ibagué, por ejemplo, el 80 % de los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Según el propio ICETEX, el 91 % de los créditos se destinan a jóvenes de esos estratos, quienes, ante la insuficiencia de cupos en las universidades públicas, acuden a las privadas. Pero el Gobierno mira estas instituciones como si fueran EPS, lo cual es un error absoluto. Tienen lógicas y finalidades diferentes, empezando por el hecho de que son entidades sin ánimo de lucro, aunque siempre hay avivatos que logran saltarse la ley.
Es urgente abordar a fondo el tema de la educación y de la financiación de la educación superior. En la noche del pasado lunes, en la Librería Pérgamo, durante un interesante conversatorio con Sergio Fajardo, escuché sesudos planteamientos del exrector Alfonso Reyes y de la estudiante María José Castañeda, presidenta de ACRES. Es necesario dar continuidad a esa conversación. La importancia de la cuestión lo amerita.
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