La seguridad como valor de la democracia que permite el ejercicio de las libertades individuales y colectivas, tiene muchas vistas, aristas y formas de ejercerse. Nuestro país víctima de la violencia centenaria, cuenta en cientos y miles los muertos, las esquirlas en las almas y en los corazones, que aún tenemos en nuestras heridas, supuran la tristeza insuperable de una época que quisiéramos olvidar.

Nuestro país está lleno de expertos, burócratas y pseudointelectuales, sobre todo en el sector público, que nos llenaron de lenguaje prosopopéyico, tecnicismos y mucha adjetivización, para descrestar ‘calentanos’.

Insisto que, en Colombia debemos restablecer los pesos y contrapesos, perdidos después de que se alterara la constitución de 1991 con la reelección presidencial, debemos restablecer la independencia de los poderes del Estado y en ese trance hacerlos más fuertes. El equilibrio del Estado debe estar fundado sobre el beneficio de la Nación, en principios de equidad, justicia y trasparencia, donde desde todos los ángulos se proteja a la gente y se le genere oportunidades sin excepción, donde el lugar de nacimiento, color de la piel, creencias u otras características no definan su futuro. 

La lucha por tener nuestro país en paz ha sido de todos los tiempos y de todos quienes lo han gobernado.

En el mundo permanentemente se lucha por mejorar el servicio de salud, nuestro país discute hace décadas el modelo que tenemos, su eficiencia, trasparencia y efectividad, con grandes críticas, que, sumadas a un modelo desequilibrado entre los regímenes subsidiado y contributivo, nos permiten deducir que algo anda mal, que debemos ajustar de manera prioritaria para tener un buen servicio de salud.

He insistido sobre la ideologización de los temas importantes a fin de lograr réditos electorales, circunstancia que sacrifica los intereses supremos, que deben ser de todos, para particularizarlos generando confrontación y odio, en medio del alindamiento conveniente de quienes se adueñan de ellos, para la lucha mediática y no para defenderlos de verdad o imponerlos como bienes supremos de nuestro Estado Nación.

Ni normal, ni natural, ni correcto, es lo que está pasando en la ciudad de Ibagué, por eso es aberrante la situación de seguridad, movilidad, falta de agua y desempleo, todas estas que padecen los ciudadanos sin encontrar a la vista, alguna solución real y concreta. 

Colombia a lo largo de su historia ha transitado en medio de la violencia y abandono del Estado, sobre todo en las regiones más apartadas y periféricas del país. La constitución del noventa y uno (91) ha fundamento sus bases en el reconocimiento de derechos y en su universalización, un modelo de Estado garantista que hasta ahora en muchas circunstancias, se ha convertido en modelo soñado, pero no realizado.

“La revolución en marcha”, propuesta por el presidente Alfonso López Pumarejo, era una gran iniciativa pacifista, participativa, pero sobre todo basada en un principio que buscaba la equidad más allá de los privilegios y la tenencia de la tierra, para producirla y dignificar la labor del campo y el campesino colombiano, un modelo que exaltaba y resaltaba la gran laboriosidad de los que menos tienen, su generosidad y el sufrimiento de sus vidas por las dificultades que imponen los territorios agrestes pero a la vez tan hermosos y productivos. 

Mucho se habla del gasto público, de los excesos de burocracia del Estado, de los privilegios de unos pocos en el país, que cuestan mucho y generan un gran desbalance en términos de equidad y por supuesto un enorme repudio en los ciudadanos. Llego la hora de abordar con contundencia y seriedad este tema tan sensible y que genera tanto gasto público y como consecuencia desigualdad e inconformismo.