Colombia está descubriendo el poder de la democracia participativa. Los ciudadanos están aprendiendo que pueden tomar las riendas de su destino colectivo. Esto sin duda, es muy positivo. Pero ¡cuidado! la democracia participativa entraña riesgos, uno de ellos el peligro de tomar decisiones basadas más en la emoción que en la información.
Cumaral (Meta) acude hoy a las urnas. Sus ciudadanos tendrán que decidir si están de acuerdo con que en el municipio se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos. Los promotores de la consulta creen que el proyecto Llanos 69, “afectará de manera irreparable el recurso hídrico contenido en: ríos, caños, nacederos, morichales, lagunas, fauna y flora en general y aljibes, que incluso surten del recurso natural (agua) a otros municipios distintos a Cumaral”. Un peligro sin duda macanudo como para ser ignorado. Pero surge preguntas.
La primera, ¿la anterior afirmación está probada científica y técnicamente? Si esto es verdad estaríamos frente a una falla protuberante de las autoridades ambientales. Es necesario que las comunidades tengan información científica y técnica antes de tomar la decisión. No sé si este es el caso de Cumaral, pero si las cosas han llegado hasta este punto es porque ha faltado pedagogía y diálogo informado. Pero Colombia no puede darse el lujo de renunciar al petróleo de forma tan alegre. De hecho, la exploración en este momento está prácticamente paralizada, por diferentes causas, entre ellas el bajo precio internacional del crudo (que desestimula la búsqueda), y por la oposición social a los proyectos. Así, las reservas de petróleo están mermando y apenas alcanzan para menos de seis años. Podemos perder la autosuficiencia y vernos obligados a importar gasolina. Un panorama sombrío.
La cuestión minero-energética, y particularmente la petrolera, hay que examinarla con serenidad. Estados Unidos ha hecho una revolución energética con base en una técnica muy controvertida: el fracking. Pero sus importaciones de petróleo han disminuido, se ha convertido en el segundo productor mundial de crudo y está atrayendo capital europeo y asiático para invertir en refinerías y plantas químicas. Esto hay que analizarlo más despacio, no tan a la ligera. Probablemente es algunas partes no se deba ni se pueda, pero en otras sí.
Al margen del debate técnico, tengo una pregunta de tipo jurídico-político: ¿Puede una consulta popular prohibir una actividad lícita amparada por la constitución y la ley? Se sabe, por ejemplo, que el agente contaminante más poderoso que existe son las vacas. ¿Podría una consulta prohibir la ganadería? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que a un proyecto en concreto, puntual y específico se le niegue licencia social o ambiental en razón de los impactos que genera, y otra que se prohíba de manera genérica y absoluta una actividad económica lícita.
Soy defensor de las consultas populares, me parece que son un avance en la profundización de la democracia, pero éstas tienen límites. La pregunta de Cumaral está mal formulada, no insinúa respuesta ni induce a error, pero tiene un carácter generalista que excede los fines, los límites y las competencias constitucionales.
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