Preocupante es la situación de salubridad que se está registrando en la penitenciaría de Ibagué. Aunque la cárcel cuenta con un área asistencial de médicos y enfermeras, la misma no da abasto.

De acuerdo con el decreto 1047 que establece que los dueños de vehículos de servicio público deben pagar prestaciones sociales a sus empleados, la secretaria de Tránsito confirmó que en Ibagué se debe iniciar con estos pagos obligatorios.

En un inicio se tenía previsto que las primeras 140 apartamentos de El Tejar serían entregadas en mayo, hecho que no ocurrió, a lo que el alcalde Luis H. Rodríguez dijo que en este momento la Administración municipal se encuentra esperando el cumplimiento del fallo que autoriza la reubicación de las 100 familias de Nueva Castilla.

Ante la grave situación de salubridad que se viene presentando en el complejo penitenciario de Ibagué, el ente municipal de Salud anunció que se viene evaluando el tema en una mesa de trabajo conformada por Caprecom y las secretarías de Salud Municipal y Departamental.

La empresa de Energía (Enertolima) informó que ayer hacia el mediodía se logró restablecer el servicio de energía en algunos sectores de la capital, afectados por el vendaval del pasado miércoles.

La Secretaría de Planeación publicó los estudios para la adjudicación del contrato para llevar a cabo la realización del mapa de ruido en Ibagué.

Coldeportes nacional buscará reajustar el costo en precios de materiales.

Algunos residentes del conjunto residencial Villa Ilusión señalaron que interpondrán acciones en contra de la Corporación Autónoma Regional (Cortolima) por autorizar la tala de unos arbustos a la Constructora Inversiones y Escobar Olaya al interior de los edificios.

El interventor de Saludcoop, Guillermo Grosso Sandoval, en su visita ayer a Ibagué, informó que la EPS está a la espera de que el Ministerio de Salud autorice la compra de la cartera suscrita con el Federico Lleras Acosta, que asciende a los tres mil millones de pesos.

La Personería y la Gestora Urbana cuestionan la respuesta del Gobierno nacional para dar cumplimiento a la sentencia proferida por el alto tribunal para la reubicación de los ocupantes de hecho en la urbanización Nueva Castilla.