La comunidad indígena la Magdalena Ti Guacayo, situada en la vereda Chontaduro del Guamo, expresó su malestar ante lo que consideran es la negación del derecho a la consulta previa por parte de las autoridades, en una situación que involucra la doble calzada Espinal - Guamo - Girardot, que hace parte de la autopista Neiva - Espinal - Girardot, a cargo de la Concesionaria Autovía Neiva - Girardot. 

De acuerdo con Fernando Guzmán Molina, gobernador de la comunidad, la construcción de la doble calzada ha generado afectaciones en el territorio e impactos en materia cultural, ancestral, ambiental y económico, por lo que buscan recurrir al derecho fundamental que les permite participar y acceder a información sobre proyectos que se pretendan realizar en su territorio.

Sin embargo, tal intención no se ha concretado, y tras una reunión que dijo sostener con Álvaro Echeverry Londoño, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, que integra el Ministerio del Interior, el pasado 22 de diciembre, donde en su concepto no se dio ‘luz verde’ a la consulta, optaron por adelantar una minga.

De nuevo a la vía  de hecho

Pese a que se planteó la ejecución de bloqueos intermitentes durante el 29 y 30 de diciembre, cuestiones internas y la no posibilidad de contar con el acompañamiento de las autoridades de tránsito de la zona, según el gobernador, ayer sí se llevó a cabo una ‘olla comunitaria’ y se estima continuar con actividades el 2 de enero.  

De hecho, mencionó que la minga será abierta e indefinida, por lo que considera que el próximo año se vinculen a la iniciativa gobernadores indígenas de los diferentes cabildos y resguardos del pueblo pijao.   

Asimismo, compartió un pliego de peticiones que comprende la expedición del Registro Nacional, la asignación y ampliación de tierras para la comunidad indígena etnia pijao la Magdalena Ti Guacayo, entre otros.

Según el gobernador, quien aseguró que se encuentran en trámite de Registro, las comunidades que no cuentan con el mismo, como es el caso de la que representa y que indica según sus cuentas, está conformada con por lo menos 23 familias, “nos pegamos a la Sentencia Unificada 123 - 2018, que dice que quienes no tenemos registro y nos hacen afectaciones tienen derecho a consulta previa y reparación”.

“La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dice que no tenemos derecho a reparación porque no tenemos registro, ya agotamos vía judicial, volveremos a nuestros usos y costumbres”, acotó el representante de la comunidad indígena. 

Antecedente 

Por su aclaración con relación a conceptos y aspectos vinculados con la consulta previa, la SU 123 - 2018, referente al caso de la comunidad Awá La Cabaña, en Puerto Asís, Putumayo, afectada por un proyecto de exploración de petróleo, en el marco de un proceso donde no se llevó a cabo una consulta previa, es el ‘recurso’ al cual alude Guzmán Molina.

En su momento, la Corte Constitucional exhortó al Gobierno nacional y al Congreso, para que, con base en los lineamientos expuestos en la sentencia: “adopten las medidas pertinentes para regular lo relacionado con los certificados de presencia y afectación de comunidades  étnicas, que hagan efectivo el derecho a la consulta previa, en los términos  del Convenio 169 de la OIT (...)”.

Accidentalidad, un temor latente

Hace aproximadamente cuatro meses, presidentes de Juntas de Acción Comunal de veredas y barrios de Guamo, salieron a la variante para exigir la construcción de una estructura que permita el paso seguro entre el casco urbano y veredas como La Chamba, ante el peligro que, según la población, representa desplazarse por el sector.

Más requerimientos

Entre el pliego de peticiones expuesto por Guzmán Molina se encuentra: cumplimiento de la Resolución 022 de 2020 en términos de caracterización y nombramiento de etnoeducadores; implementación de asignación de recursos al Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI) en todos los municipios del Tolima donde haya comunidades indígenas; realización de proyectos productivos, entre otros.

Según Guzmán, solicitan la presencia del presidente de la República Gustavo Petro.

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