La Ley de Justicia y Paz es un logro del Estado Colombiano, de sus tres ramas del poder público, que ha evitado la vergüenza mundial de una intervención directa del CPI.

Resulta necesario para la institucionalidad pública comprometida con el desarrollo rural que el Ministerio concentre sus esfuerzos en robustecer su capacidad de trazado de las grandes líneas de política.

En los días que corren son muchos los que se frotan las manos hablando de Uribe contra Santos o viceversa.

Noventa años de historia del liberalismo en el Tolima y Colombia, bien merecen otro esfuerzo para visionar y relanzar un liberalismo brioso, noble y galopante para un siglo XXI aún en ciernes

La política adoptada por el actual gobierno nacional de entregar tierras cuyo dominio ha sido extinguido o está en proceso de extinción al narcotráfico, con clara vocación en productividad rural, a pequeños productores campesinos, no puede tener retorno.

A la elección mediante un fenómeno de opinión de Gustavo Petro, como alcalde Mayor de Bogotá, sin duda el segundo cargo más importante de Colombia, le siguieron las consejas sobre la integración de un gabinete de altura ministerial como corresponde a la metrópoli.

Al muy contundente pronunciamiento del Presidente Santos: "No me arrepiento de haber nominado a Viviane Morales, como Fiscal" le seguirán sin duda,

“El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla su boca” (Lucas 6, 45).

En Colombia, cada persona y cada institución privada, pública o del sector social y solidario, en escenarios que van desde lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional, tienen el derecho a solidarizarse con el propósito de alcanzar la paz.

Propongo una invitación al Tolima a estos ilustres escritores, para que nos convoquemos todos alrededor de esta expedición histórica, literaria y política.