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“Es inadmisible que una autoridad judicial tenga que decirle a una autoridad administrativa lo que debe hacer, sobre todo, cuando hay un riesgo inminente que afecta los derechos a la vida e integridad de las comunidades”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo
Según informó, desde 2015 la entidad radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “A través del recurso, solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Coviandes y la Gobernación de Cundinamarca que hicieran los análisis y estudios necesarios debido a la afectación de riesgo que enfrentaba la población de Quetame por el trazado de la vía”.
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Y añadió Camargo que “este mecanismo jurídico fue realizado porque la zona tiene un alto impacto por las características hidrológicas y meteorológicas, lo que ponía en riesgo a la comunidad”.
La entidad aseguró que la acción popular fue admitida en 2016, año en el que comenzaron a adelantarse audiencias en las que les ordenaron a las entidades atender las necesidades de las comunidades. Sin embargo, “el desacato de los entes nos obligó, en septiembre del 2022, a enviar un memorial al Consejo de Estado solicitando revisar las decisiones del Tribunal de Cundinamarca y señalando que había una alerta roja, luego de que IDEAM advirtiera el incremento de las lluvias”, recalcó el Defensor del Pueblo.
"NO ENCONTRAMOS PRESENCIA DE NINGUNA AUTORIDAD NACIONAL"
De otro lado, el defensor del Pueblo hizo un llamado para que las autoridades tomen las medidas y garanticen los derechos fundamentales de las personas afectadas, debido a que no encontró ninguna entidad en la zona del desastre.
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“Observamos con profunda tristeza de que efectivamente se vienen adelantando los comités de desastres, pero nos llama especialmente la atención de que no encontramos la presencia de ninguna entidad del orden nacional. Nos han comentado que efectivamente existe un funcionario de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero sin ninguna autorización para la toma de decisiones”, criticó el defensor del pueblo.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo dijo que mantendrá su equipo en el lugar de la tragedia el tiempo que sea necesario para que los damnificados sean atendidos en salud, no les falte el mínimo vital y, a quienes perdieron a sus seres queridos por la avalancha, puedan recibir apoyo funerario.
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