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La Corte Constitucional de Colombia, ha tomado la decisión de revocar el estado de emergencia declarado en La Guajira por el Gobierno de Gustavo Petro, basándose en la argumentación de su inconstitucionalidad.
El decreto, que había sido emitido recientemente por el Gobierno Nacional, declaraba una situación de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira.
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Esta determinación de la Sala Plena de la Corte Constitucional se produce después de una exhaustiva revisión que se llevó a cabo durante varios meses. Finalmente, el lunes 2 de octubre, se declaró inexequible el Decreto 1085 de 2023.
El objetivo de esta medida gubernamental era abordar la crisis humanitaria que afecta a las comunidades en La Guajira, debido a la falta de acceso a servicios básicos vitales.
La magistrada Natalia Ángel Cabo presentó la ponencia que sirvió como fundamento para la revocación del decreto. En su argumentación, destacó la necesidad de unificar todos los elementos estructurales que componen la crisis humanitaria en un solo recurso.
La Corte Constitucional ha hecho un llamado tanto al Gobierno Nacional como al Congreso de la República, instándolos a tomar medidas adecuadas dentro de sus competencias constitucionales y legales ordinarias. El objetivo de estas medidas es superar la grave crisis humanitaria estructural que persiste en La Guajira, tal como se constató en la Sentencia T-302 de 2017.
El fin último es garantizar los derechos fundamentales de las personas que residen en esta región del país.
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