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Este jueves, en horas de la noche, la revista Raya y el noticiero de RTVC —del sistema de medios públicos—, revelaron detalles de una investigación sobre un supuesto plan para asesinar a Gustavo Petro, del que el entonces candidato, en 2022, había alertado públicamente.
Entre lo publicado por los medios de comunicación había un informe de Policía que decía que el empresario César Augusto Giraldo Montoya, conocido como 'Calzones', además de ser un 'gota a gota' de la región, hacía parte de la dirección de la organización criminal La Cordillera.
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Ese informe habría servido de insumo para la que la Fiscalía pudiese determinar que 'Calzones' y La cordillera estaban detrás de la búsqueda de asesinar al entonces aspirante a la Casa de Nariño. No obstante, según el informe periodístico, el ente acusador no avanzó en el proceso penal, algo que Gustavo Petro reprochó en su cuenta de X.
La Fiscalía respondió hoy diciendo que la investigación, que está en etapa de indagación, "inició con afirmaciones hechas por miembros del equipo de campaña que mencionaban tener conocimiento de un plan para atentar en contra de la vida del candidato en distintas partes del país".
Luego de las afirmaciones, la Fiscalía asegura que reforzó las medidas de protección para el equipo de campaña y comenzó a realizar los actos investigativos correspondientes. Sin embargo, "las personas entrevistadas, integrantes del Pacto Histórico, señalaron que no brindarían información alguna sobre las fuentes que les habrían dado esa información, indicando que era por motivos de seguridad".
El ente acusador, además, se refirió al informe de Policía. Según apuntó, se trata de "un informe orientativo" que, por demás, "no constituye prueba que pueda ser usada para acusar o condenar" a César Giraldo, 'Calzones'.
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Por último, la Fiscalía destacó que contra La Cordillera adelanta varias líneas de investigación con las que han dado resultados, pues, según declararon, han capturado a siete de sus cabecillas y 138 de sus integrantes.
"Las finanzas de la Cordillera también han sido afectadas entre 2020 y 2023. Se han impactado 3 procesos que han dejado 58 bienes de extinción de dominio, 28 inmuebles urbanos, 23 inmuebles rurales, 1 establecimiento de comercio y 6 vehículos impactados. El valor de los bienes con medidas cautelares es de $52.027.250.000", dijo el ente investigador.
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